Vehículos de carga pesada ya pueden ingresar por rutas especiales que aprobó el concejo. Unidades de hasta 30 toneladas llegarán a pagar S/9 diarios por permiso.

Es oficial. La Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) publicó ayer la cuestionada ordenanza que aprueba el acceso del transporte de carga y descarga a la ciudad.

De esa forma, vehículos de hasta 30 toneladas podrán ingresar a rutas especiales a través de un permiso otorgado por el plazo de un año que representa un pago diario de apenas S/9.

Los empresarios de transporte Mario Soto Ascarza e Igor Garbich Ubillús -que figuran vinculados al alcalde y a esta propuesta de ordenanza- intentaron cambiar las rutas fijadas por anterior gestión a través de la Fiscalía.

ACTOS

El pasado 30 de mayo, doce regidores rechazaron debatir la nulidad de la ordenanza municipal N° 07-2019 relacionada al transporte de carga pesada.

Pese al rechazo de instituciones como la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, el concejo aprobó por mayoría ratificar el ingreso de estas unidades a la ciudad de Chiclayo.

Con la ordenanza N° 07-2019, la gestión del alcalde Marco Gasco Arrobas anuló el decreto de alcaldía N° 02-2017 que fijó un anillo vial para la carga y descarga de mercancías.

En total, eran cinco rutas establecidas a utilizar de forma obligatoria -desde la promulgación de la ordenanza N° 006 de 2012- por los vehículos que prestan este servicio de carga pesada.

Sin embargo, una comparación entre las anteriores disposiciones y la nueva ordenanza revela cambios sustanciales en las rutas establecidas por la actual gestión.

Por ejemplo, la ruta de este a sur -y viceversa- estaba formada por la carretera al distrito de Pomalca, la avenida Fitzcarral (carril superior), avenida Víctor Raúl Haya y la Panamericana Sur.

Con la nueva ordenanza, esta misma ruta -denominada ahora “ingreso especial (A)- está formada por la Panamericana Sur, avenida Víctor Raúl Haya, avenida Fitzcarrald, calle Hipólito Unanue, calle Francisco Cabrera, avenida Miguel Grau, Calle Tarata, Calle José Quiñonez, avenida Mariscal Nieto, avenida Sáenz Peña, Óvalo Eloy Ureta, avenida Víctor Raúl y nuevamente la Panamericana Sur.

Para el regidor de minoría Jony Piana Ramírez, estos cambios sí benefician a las empresas de transporte al eximirlos de utilizar unidades de mejor tonelaje para ingresar a vías que antes estaban prohibidas.

El concejal también cuestionó el tarifario establecido por la MPCh para el pago de los permisos. El costo único de la autorización por 12 meses para vehículos de hasta 5.5 toneladas es de S/1,092.60, es decir, un costo diario de S/3.

Mientras que las unidades de 30 toneladas deberán pagar S/3,343.60, lo que representa un poco más de S/9 soles diarios.

CONEXIONES

Hace cinco días, Correo captó a los empresarios Luis Absalón Gasco Arrobas, hermano del alcalde, e Igor Ernesto Garbich Ubillús.

Este último acudió junto al también empresario de transporte Mario Soto Ascarza a la Fiscalía de Prevención del Delito para “buscar una solución” a las papeletas que se le imponían hace apenas un año atrás.

Así consta en el acta de reunión celebrada en ese referido despacho fiscal, el 11 de abril de 2018. Garbich Ubillús reconoció ser dueño de una empresa de transporte de carga que prestaba sus servicios a los centros comerciales Real Plaza, Open Plaza y Maestro Home Center.

Además refirió que “al no estar especificado el recorrido de los vehículos de carga pesada de manera específica, de manera constante vienen siendo intervenidos por personal policial, por lo que solicitó que con los entes competentes se propongan alternativas de solución ”.

Sin embargo, la Fiscalía de Prevención del Delito pidió respetar las ordenanzas y decretos emitidos por la anterior gestión. Soto Ascarza y Garbich Ubillús renunciaron ayer al cargo de presidente y secretario de gestión y finanzas, respectivamente, del Comité Gremial de Transportes y Proveedores de la Cámara de Comercio.

A través de un comunicado, el consejo directivo aseguró que Soto Ascarza gestionó ante el alcalde la emisión de la cuestionada ordenanza pero no “en representación de la Cámara de Comercio”.

Fuente: La República