UNPRG busca licencia en medio de discrepancias

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Tras el cierre de programas especiales de Fachse, el consejo de esta facultad solicita el pago por alquiler de locales y la remuneración pendiente de directivos y docentes. Además, trabajador condenado por delito sexual sigue en la Universidad pese a pedido de destitución.

La Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG) encara nuevas discrepancias en medio del proceso de licenciamiento institucional que dirige la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

El cierre de 23 programas especiales de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación (Fachse) ha generado el reclamo de pagos pendientes a directivos y docentes. Además, la UNPRG aún no resuelve el pedido de destitución contra un trabajador condenado por delito sexual.

REACCIONES

A través de un comunicado, el Consejo de Facultad de la Fachse respondió al cierre de procesos de admisión que se determinó hace unos días para 9 programas de licenciatura y otros 14 de segunda especialidad.

El Consejo de Facultad asegura que Sunedu realizó doce observaciones a los planes de estudio de la Fachse.

El cuestionamiento de la Superintendencia, según indicaron, fue por inconsistencias en el número de horas de todos los programas de Licenciatura en Educación Modalidad Mixta (LEMM) y todas los programas de segunda especialidad.

Además, Sunedu informó que se incumplía el creditaje mínimo en Estudios Generales de la especialidad de Idiomas Extranjeros del programa LEMM así como la ausencia de objetivos académicos en siete maestrías de la Unidad de Posgrado de Fachse.

El Consejo de Facultad sostiene que los directivos a cargo de los programas LEMM y de Segunda Especialidad «cumplieron con levantar y presentar los planes de estudio modificados, levantando las observciones de Sunedu».

Debido a esto, consideran que la decisión de no solicitar el licenciamiento de estos programas de estudio es «arbitraria y excesiva».

De igual modo, refieren que también cumplieron con presentar los planes modificados de las siete maestrías observadas en la última Diligencia de Actuación Probatoria de Sunedu.

«Es necesario precisar que las nueve maestrías de la Fachse, desistidas por el Consejo Universitario, ya habían sido retiradas por la Universidad del proceso de licenciamiento a través de las resoluciones N° 1738 y 1739-2018-D-Fachse y ratificadas por la resolución N° 052-2019-UC del 20 de febrero del 2019», se lee en el comunicado.

Esta versión contradice las afirmaciones de la directora de la Oficina General de Calidad Universitaria, María Rosa Vásquez Pérez, quien aseguró que las facultades no cumplieron con presentar los documentos adicionales que pidió Sunedu.

El Consejo de Facultad de la Fachse también solicita que el rector y otras autoridades de la universidad respondan por el pago de alquiler de locales (donde se dictaban los programas especiales en otras regiones), y la remuneración a directivos y docentes.

Correo pudo conocer que la Fachse evalúa no seguir contratando a profesores externos para dictar los programas especiales a alumnos ya inscritos.

Solo en el último proceso de admisión que se convocó este año, alrededor de 200 personas se inscribieron para los programas LEMM. Ellos podrán continuar estudiando durante los 5 años establecidos en el plan de estudios o, en el peor de los casos, abandonar el programa especial de la Fachse.

PELIGRO

Fuentes consultadas por Correo señalaron que la comisión de Sunedu solicitó un expediente sobre el trabajador Óscar Paúl Aquino Delgado, quien permanece actualmente en la oficina de Responsabilidad Social.

Hace dos semanas, la Defensoría del Pueblo solicitó al rector de la UNPRG, Jorge Oliva Núñez, que destituya a este trabajador a raíz de la condena por el delito contra la libertad sexual, en su figura de actos contra el pudor, que pesa en su contra.

Correo pudo acceder a una serie de documentos que revelan los antecedentes de Aquino Delgado.

Este trabajador estuvo involucrado en denuncias de pagos irregulares por la compra de buzos y pasajes a Rioja que fueron subvencionados por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo durante la gestión del exrector Agustín Ramos García.

Incluso, Aquino Delgado firmó documentos para declara la devolución de dinero a algunos exalumnos del taller de danzas de la universidad. El trabajador nunca recibió una sanción por estos hechos y solo enfrenta un proceso administrativo sancionador pero por una denuncia de agresión verbal.

Correo pudo confirmar que Aquino Delgado sigue trabajando pese al pedido de la Defensoría. El rector Jorge Oliva Núñez sostuvo que el caso ha sido transferido a asesoría jurídica. «No puedo conocer la historia de todos los trabajadores», dijo.

Fuente: Diario Correo

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