«Pueden acusarme de todo, pero menos de ser un timorato»

Ante los últimos acontecimientos la ciudadanía se pregunta quién es Oscar Tenorio Torres.

Soy un abogado que en el año 2009 postulé como juez especializado en lo civil, luego que el Consejo Nacional de la Magistratura, ante tanta provisionalidad de jueces, empezó a titular varias plazas a nivel nacional.

¿Y porqué eligió Chiclayo?

Tras haber pasado varios procesos burocráticos de esta convocatoria me pregunté a dónde voy, y recordé que desde muy pequeño, cuando acompañaba a mi padre en los diferentes trabajos que tenía en el norte peruano, me quedé maravillado de su cultura gastronómica y pensando también en la tranquilidad de mi familia. En el 2011 vine a la Capital de la Amistad y al asumir el Tercer Juzgado Civil me encontré con casos muy peculiares como es el de AgroPucalá, el cual data desde el 2004, lo que expresa que es un caso heredado y no de mi autoría.

¿Se siente cómodo en este despacho judicial con todo lo que se piensa o dice de usted?

Antes quiero precisar que yo no tengo ningún tipo de resentimientos o prejuicios porque yo solo hago mi trabajo. En esta judicatura han llegado casos que por su naturaleza de ser emblemáticos y que tienen grupos de interés detrás de ellos, lo transparente, lo normal, lo regular, pasa a un segundo plano. Estos grupos de interés no solo son económicos, sino también políticos y extrajudiciales. Han intervenido congresistas de la región o políticos de talla nacional y también jueces que en su momento estuvieron acá, que hoy son superiores, seguro por eso se ha creado un percepción sobre mi persona como juez de este despacho.

¿Se siente presionado?

Sí me he sentido presionado pero no he accedido a las presiones, no solo por los poderes ya mencionados sino también del mismo poder mediático, que muchas veces me ha atacado generando reacciones en autoridades, como de opinión pública. Mal o bien, ha generado una corriente de opinión que ha afectado mi imagen.

Los chiclayanos lo responsabilizan de que el ex alcalde Roberto Torres haya seguido gobernando la ciudad tras haber suspendido su sentencia de dos años de pena privativa por el delito de peculado de uso.

Yo no analizo la gestión pública ni cuestiones políticas, yo analizo el derecho como tal al margen de quién sea el ciudadano. Si una persona tiene sus derechos fundamentales vulnerados, un juez debe intervenir objetivamente. Ahora, si analizamos el contexto macro, ese alcalde fue elegido democráticamente dos veces; por otra parte, la sentencia en un proceso penal tiene un orden donde al final llega a los jueces superiores, con esto trato de decir que es el Tribunal Constitucional que en última instancia confirma una sentencia. Este caso ha causado muchas interrogantes debido a la percepción social y prejuicios que había contra Roberto Torres. Para mí, el delito atribuido a Torres no tenía relevancia penal. Si un penalista serio viera este caso estaría de acuerdo con la resolución que emití.

Existen rumores sobre jueces y fiscales vinculadas a la red delictiva liderada por Roberto Torres. ¿Qué opina?

Como toda una red, es muy probable que por convicción o emisión alguna autoridad haya tenido que ver algún tema judicial con el ex alcalde Torres debido a que ha sido alcalde por casi 8 años. Ese tiempo se ha relacionado con todas las instancias públicas, desde jueces, fiscales, funcionarios, políticos y empresarios. Esta es una interrogante que el Ministerio Público debe identificar con total profesionalismo, transparencia y ver si cada uno de los casos tiene relevancia penal. Lo que pasa es que casos emblemáticos como estos muchas veces están politizados y la misma presión de los grupos de interés influye.

¿Siente que hay prejuicios contra su persona en el Ministerio Público y Poder Judicial?

Siento que se da una doble evaluación y estándar moral debido a que no he actuado como un juez timorato y lamentablemente un juez timorato no ayuda en nada a contribuir al derecho de justicia en el país. Aquí las cosas son directas, o se hace justicia o no se hace justicia. Sin embargo los prejuicios contra mi persona son algo que ellos deben explicar, me pueden acusar de todo pero menos de ser timorato como juez.

Sobre AgroPucalá ¿Qué reflexiones le deja este caso?

Que tiene orígenes raros debido a que su demandante es una empresa offshore en Panamá, como es la Cromwell Assets y este tipo de empresas por ley tiene protección debido a que está registrada en un país normalmente considerado como paraíso fiscal. A la vez, esta empresa como demandante no tiene una actitud activa, hasta la fecha no se sabe quién es el dueño, sus operadores solo trabajan con un representante en Perú.

Sobre la muerte de su ex secretaria, ¿reafirma una vez más que es por el caso AgroPucalá?

De todas las hipótesis se maneja esa, lamentablemente este caso se individualizó a dos sujetos que no participaron del crimen. Esta muerte no debe quedar impune y su investigación no debe limitarse en identificar a los autores materiales sino también a los autores intelectuales. Este es un reto para la Policía y Fiscalía hasta el momento no cumplido, no solo en este caso sino también en otros casos, nunca se ha llegado al siguiente nivel, por lo tanto es un reto no cumplido por estas instituciones.

Debido a sus resoluciones, muchos le dicen «el polémico», algunos «el rey de las medidas cautelares». ¿Qué opina?

El término polémico lo acepto porque toda decisión que se tome causa polémica, hasta las decisiones que tomen los poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo causan aquello. Pero el otro calificativo me es ofensivo porque se siente su alto grado de prejuicio contra mi persona.

Fuente: Diario La República.