Por cobro de coimas de funcionarios ediles se dejó de invertir S/. 300 millones
Más de 300 millones de soles se dejó de invertir en Chiclayo, por el tema de las trabas burocráticas, las prebendas económicas y las coimas que los ex funcionarios integrantes de la organización criminal “Los Limpios de la Corrupción” solicitaban a los empresarios para entregar la licencia de construcción.
El decano del Colegio de Arquitectos, Hever García Ramírez, sostuvo que los implicados en la red delictiva liderada por el ex alcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales, pedían fuertes sumas de dinero para dejarlos construir edificios, centros comerciales, residenciales u otros.
Pero no solo pedían dinero sino también hasta departamentos, según la magnitud de la construcción. Torres Gonzales, agregó el directivo, hacía las “negociaciones” hasta en su propia oficina de la comuna, e incluso algunos empresarios le entregaban allí mismo los miles de soles que les solicitaba.
“Dependiendo de la magnitud del proyecto, del tamaño de la inversión, pedían coimas para poder dar las licencias o sino te bloqueaban y no te daban paso. Un caso es un edificio de ocho pisos ubicado en Santa Victoria, el propietario ha dicho que tuvo que dar una coima para que le otorguen los niveles en altura. Se estima que ha pagado 5 mil dólares por cada nivel y después 10 mil dólares. Si era un condominio o residencial llegaron a pedir hasta un departamento”, expresó.
Para García Ramírez, todos estos trabajos ilícitos que realizaban los integrantes de la red de corrupción han ahuyentando a los inversionistas, siendo un atraso para el desarrollo ordenado de la Capital de la Amistad. Estos inversionistas dedicados al comercio, edificios residenciales u otros han tenido que desplazarse a las ciudades de Trujillo y Piura, las mismas que hoy estarían representando un desarrollo de 10 hasta 15 años en comparación con Chiclayo.
“Se dice que la inversión que se iba hacer en el Real Plaza, frente al Hospital Regional en el óvalo de la Panamericana y la vía de evitamiento, la red de corrupción pidió dos millones de soles de coima para entregarle la licencia, pero los inversionistas no entraron al juego, es por ello que se detuvo esa inversión”, añadió.
Pero “Los Limpios de la Corrupción” no solo allí cobraban coimas, también lo hacían con los paneles publicitarios cuya tarifa oscilaba entre los S/. 10,000 y S/. 15,000, para entregar la autorización para colgar su cartel en diversos lugares de la ciudad.
Una fuente de telefonía reveló que a cada empresa le preguntaban cuánto sería su “cariño”, cuyo dinero al parecer luego era recogido por su hombre de confianza y chofer de su camioneta, Víctor Pérez Bracamonte. De esa forma colocaban los carteles a diestra y siniestra sin ningún criterio, contaminando la ciudad visualmente y generado un caos en el ornato de la ciudad.
EXTORSIÓN
El gerente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes (AHORA) de Lambayeque, Oscar Niño, indicó que por información de sus asociados se tiene conocimiento que algunos malos funcionarios de la gestión de Torres Gonzales, preso en el penal de Chiclayo, llegaban a extorsionarlos, pues les exigían fuertes sumas de dinero o de lo contrario no les daban las licencias de funcionamiento o no les renovaban. Otra de las formas era por Defensa Civil o el certificado de salubridad.
También le buscaban la falta en la construcción de otros pisos, por lo que los integrantes de la red de corrupción los notificaban a pesar que estaba permitido ampliar un nivel más.
“Ellos buscaban la forma de encontrar la falta, amedrentar al asociado y eso hicieron durante toda la gestión de Torres y sus funcionarios. Los asociados para evitar represalias se quedaban callados”, aseguró.
Propiedades en otras ciudades
Roberto Torres Gonzales y los demás integrantes de “Los Limpios de la Corrupción” también habrían adquirido propiedades en otras regiones del país, como en la provincia cajamarquina de Chota, la sierra de La Libertad y hasta en la misma capital.
Fuentes de la Fiscalía revelaron que uno de los testigos clave indicó que algunas de las propiedades están a nombre de ellos mismos, otras de familiares y testaferros. Serían terrenos agrícolas, lotes y viviendas en otras localidades.
También dijo que los terminales terrestres de Lima, Chimbote y Trujillo, en donde se encuentran las oficinas de la Empresa de Transportes Crisolito, han sido intervenidas para verificar documentación sobre el presunto desbalance patrimonial a consecuencia del lavado de activos.
Fuente: Diario La República.