Otro faenón de la MPCh en obra de P.J. César Vallejo con documentos fraguados

Pagos. Supervisora San Antonio denunció que se pagó a la contratista un millón de soles a pesar de atraso en pavimentación. Y con informes falsos se habría intentado cancelar S/. 1’300,000.

La denuncia del Consorcio Supervisor San Antonio en la pavimentación y construcción de veredas en el pueblo joven César Vallejo dejó en evidencia que en la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) se habría consumado otro festín con los recursos económicos provenientes del fisco.

En esta obra ejecutada por el Consorcio César Vallejo por 5 millones 012 mil soles se cuestiona supuestas irregularidades financieras a través de pagos injustificados realizados por la comuna a la contratista a través de una valorización inexistente, documentos fraguados y cancelación por un irreal avance físico de los trabajos, según el presidente del Comité Técnico Administrativo (CTA), José Gonzales Farroñay.

Y por si fuera poco se suma el incumplimiento de los plazos, tal como lo informó en una edición anterior La República, además las labores inconclusas y fallas en el proceso constructivo.

El decano del Colegio de Arquitectos de Lambayeque, Hever García Ramírez y miembros de la supervisora, confirmaron ayer estos problemas durante una inspección en la zona. Los paños de concreto ya tienen fisuras.

observaciones

La tan anunciada obra por el alcalde Roberto Torres Gonzales a “favor del desarrollo de los necesitados” es ahora calificada como un evidencia más de la supuesta corrupción que existe en la entidad edil, tal como lo afirmó García Ramírez.

Tras superarse en tres oportunidades las observaciones formuladas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), fue recién en junio del 2014 que la entidad edilicia adjudicó la buena pro a esta empresa, cuando la obra había comenzado el 11 de marzo de este año y fue inspeccionada por el ingeniero Santos Castillo, profesional designado por la MPCh.

El representante de CTA, José Gonzales, señaló que su primera observación consistió en que el avance físico en junio era de 32% y el avance financiero de 65%. “Se hicieron pagos cuando los trabajos estaban atrasados”, enfatizó y agregó que la obra tiene actualmente 97% de avance; sin embargo, la Subgerencia de Obras del municipio ya solicitó la recepción de la misma.

“Se alertó a la municipalidad y se le pidió que no gire dinero a la contratista, pero no hicieron caso. Lo mismo sucedió con el Órgano de Control Interno (OCI). Todo cayó en saco roto”, aseveró.

¿Pagos irregulares?

Con la Carta Nº 01 del 26 de setiembre se informó al jefe de la Oficina Regional en Lambayeque de la Contraloría General de la República, Nelson Guevara Altamirano, las presuntas anomalías.

Así tenemos que la supervisora San Antonio detalla que en agosto pasado la municipalidad de Chiclayo había cancelado a la empresa César Vallejo 3 millones 282 mil soles.

En este marco aparece una valorización por un millón de soles sin autorización de la supervisora. La municipalidad pagó a pesar del atraso de la obra.

Hasta ese momento a la contratista se le canceló 4 millones 282 mil soles y se le resta 729 mil 958 soles para cubrir el costo total de la obra.

Asimismo con Carta Notarial Nº 061 del 8 de setiembre  del 2014 dirigida al gerente de Infraestructura de la MPCh, Carlos Mendoza Oliden, el Consorcio San Antonio le increpa el hecho de que en la documentación que este adjuntó figure la Valorización Nº 4 por un millón 300 mil soles solicitada por la contratista y que cuenta con sello recibido de la entidad municipal y con el Registro Nº 3352. Y se le anexa informes supuestamente favorables a la obra que la supervisora –según precisó– no elaboró.

“Los documentos se adulteraron para lograr el cobro. Aunque el pago se evitó ante la intervención del subgerente de Logística, Segundo Alcántara”, anotó.

Anulación

La supervisora ha pedido a la MPCh que resuelva el contrato y se haga efectiva la carta de fiel cumplimiento por 520 mil soles, monto que ascendería la máxima penalidad por excederse los plazos de ejecución que son 26 días.

Fuente: Diario La República.

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