La otra caja chica de “El Jefe” en la MPCh

Además, denuncian penalmente al exgerente de R.R.H.H. y 10 trabajadores por cobros indebidos y colusión.

Lo que para muchos era un secreto a voces, ayer quedó prácticamente al descubierto, como era el presunto cobro de “coimas” que la Gerencia de Desarrollo Vial y Transportes de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) realizó en los últimos años, lo cual sirvió, aparentemente, como la otra caja chica del exalcalde, Roberto Torres.

El modos operandi en esta área municipal, la cual estuvo a cargo del hoy recluido en el penal exPicsi, Javier Valencia Gutiérrez, provocó, a decir del actual procurador municipal, Pedro Alvarado Guerrero, el caos vehicular que vive en estos momentos la ciudad de Chiclayo.

De acuerdo a las indagaciones fiscales que agentes de Ministerio Público confiaron a Correo, Javier Valencia habría comandado una microred al interior de esta gerencia (Transportes), la cual le rendía cuentas, económicamente hablando, al exalcalde, Torres Gonzales, también preso y sindicado de ser el cabecilla de la red criminal “Los limpios de la corrupción”.

POLÍTICA DEL CÓMO ES. Los investigadores de la Fiscalía desprenden de su trabajo que, Valencia Gutiérrez le ponía mil y una traba a las empresas de transportes que llegaban a solicitar su permiso de operatividad a su despacho, cuyos empresarios se cansaban de agotar el trámite respectivo y la vía administrativa para lograr sus permisos.

En muchos de los casos, la situación fue a parar al Poder Judicial, donde el proceso engorroso no les permitía operar a estas empresas de transportes manteniendo sus unidades vehiculares paradas y sin trabajar, apareciendo nuevamente en escena la figura de Javier Valencia, quien se ofrecía a darles una solución momentánea al tema emitiendo un permiso provisional por 6 meses, pero previo pago de una coima, la cual, según Pedro Alvarado tenía “tarifa plana”, la cual habría oscilado entre los 4 y 5 mil soles.

“Es evidente todo lo que ha sucedido en esta Gerencia de Transportes, donde se han producido muchas irregularidades, sobre todo con las tarjetas de operatividad, lo cual, unido al asunto de licencias provisionales por 6 meses, ha causado el caos vehicular que actualmente vive Chiclayo”, expresó el procurador municipal.

Alvarado Guerrero lamentó que todo este irregular asunto no permita que la municipalidad como tal, no sepa, ni siquiera, cuántos paraderos formales e informales hay en toda la ciudad; de lo único que sí están seguros, es que hay más paraderos informales que formales.

“La MPCh no sabe cuántos paraderos existen en Chiclayo, porque en cada paradero funcionan 3 empresas y con una sola resolución. Un ejemplo clásico es el paradero de taxis Los Pinos de la Plata, donde además funciona taxis Los Pinos de La Palta Express”, afirmó.

URGENTE Y GRAVE. Para Pedro Alvarado, esta o la gestión entrante, deberá ordenar lo más pronto posible una auditoría especializada, pero con profesionales externos, que no tengan ninguna vinculación ni compadrazgo con los actuales trabajadores ediles.

“Esta auditoria tendrá que revisar el por qué del desorden administrativo, del plan de rutas y vehicular, porque está claro que muchos funcionarios contravinieron normas, resoluciones, porque en la mañana sacaban una resolución, en la tarde otra y en la noche, otra. Vendían resoluciones vía delivery, las entregaban a domicilio, era una especie de mercado negro de las licencias y todo esto está en investigación, porque muchos empresarios del transporte sabían de esto”, indicó.

El funcionario corroboró que todos estos abusos ha causado el crecimiento desmedido del parque automotor chiclayano, el mismo que según afirma, se ha quintuplicado.

“El tema de las licencias es tan escandaloso que hemos llegado a detectar que, en una sola resolución autorizaban el permiso para 80 a 100 empresas de taxi, es decir, ha existido un monopolio en el tema de licencias para este servicio”, indicó.

Con respecto al daño económico que toda esta microred habría provocado al municipio, Alvarado precisó que este es incalculable.

“Es difícil hacer un cálculo aproximado, por eso es necesario la realización de una profunda auditoría para que determine el daño económico, el mismo que en estos momentos resulta incalculable”, recalcó.

Por último mencionó que en la Gerencia de Transportes existía lo que muchos le llamaban la “tarifa plana”, la cual era utilizada según el rubro del transportista.

“Varios de los dirigentes transportistas saben y formaron parte del modos operandi, y eso se debe romper, porque la ciudadanía reclama un tránsito ordenado, con mejor servicio, por eso es necesario la auditoría, cuyo informe técnico estoy seguro recomendará la remoción, no solo de funcionarios de esta área, sino de los propios trabajadores”, acotó.

Fuente: Diario El Correo.