Investigan a Acuña por pagos adelantados de S/. 6 millones
Nuevamente las alarmas ciudadanas se encendieron, luego que la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Chiclayo abrió investigación preliminar contra el presidente regional con licencia, Humberto Acuña Peralta, y otros funcionarios de su gestión.
El hecho, que de por sí es preocupante, por poner otra vez en el ojo de la tormenta al mandatario regional que busca reelegirse, encierra un elemento singular, como es la tardía reacción del Ministerio Público para iniciar indagaciones.
De acuerdo a la Disposición Uno del 1 de agosto del 2014, se dispone: promover la investigación preliminar contra Humberto Acuña Peralta, Víctor Hugo Miranda Monteza, Julio Ubillús Limo, Gustavo Adolfo Navarro Valdivia, Gladis Beatriz Castañeda Mocanda y los que resulten responsables, por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública en agravio del Estado (peculado, omisión de funciones), por un plazo de cien días naturales.
EL CASO. El pasado 10 de junio, el procurador público Anticorrupción, Manuel Benavente Millán, mediante oficio N° 078-2014, solicitó al Ministerio Público atienda la denuncia en contra de Víctor Miranda Monteza, en su calidad de jefe regional de Administración del Gobierno Regional de Lambayeque (GRL), Julio Ubillús Limo y Gerardo Navarro Valdivia, representantes de la empresa proveedora Petróleos del Perú SA (Petroperu), y los funcionarios encargados de las contrataciones y adquisiciones del GRL.
Benavente Millán adjuntó documentos sustentatorios que demostrarían la celebración de sendos contratos para la adquisición de asfalto líquido y cemento asfáltico, esto por un monto total de S/. 2’886,190.86 y S/. 3’251,949.80, respectivamente.
Según la Procuraduría Pública Anticorrupción, el acto ilícito se habría producido como consecuencia de la ejecución de dichos contratos, toda vez que, presuntamente, se aplicó un sistema de pagos irregulares al interior del GRL, dado a que los funcionarios encargados de las adquisiciones y contrataciones del Estado de esta entidad, habrían elaborado comprobantes de pago para cancelar los bienes que aún no habían sido abastecidos.
Todo esto permite presumir que el procedimiento empleado para el pago de los bienes adquiridos se realizó antes de que estos ingresen al almacén del GRL y quizá, incluso, antes de que estos salgan de la planta de la empresa denunciada (Petroperu).
POCO SERIO. Otro de los datos relevantes, es que las facturas giradas por los proveedores fueron emitidas con fechas posterior a la cancelación de los productos.
Asimismo, en la cláusula cuatro de los dos contratos firmados, consigna que el pago se realizará «luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente».
Esta última situación permite desprender que el funcionario responsable debió emitir un informe de conformidad de recepción de los bienes adquiridos, luego de esto recién se iniciaría el trámite de cancelación, lo cual no fue así
En conclusión, los funcionarios denunciados habrían procedido a realizar pagos de manera adelantada, lo cual contraviene la ley y toda norma vigente.
NO SE INHIBE. Pero otro hecho aparece en medio de toda esta denuncia, el cual tiene que ver con la magistrada que hasta el momento está a cargo de la investigación, Judith Verónica Pinto Zavalaga.
Como se recordará, esta misma fiscal, hace poco decidió inhibirse de investigar a Humberto Acuña Peralta en un caso denunciado ante su despacho por cartas fianzas irregulares aceptadas por la actual gestión regional.
En aquella oportunidad, Pinto Zavalaga, reconoció que había sido trabajadora de la Universidad Señor de Sipán (USS), propiedad de la familia Acuña Peralta, pasando el caso a otro magistrado.
En esta ocasión y tras largos 2 meses de haber sido presentada la denuncia por el procurador público Anticorrupción, la fiscalía a cargo de Judith Pinto decidió pronunciarse iniciando investigación contra el mandatario regional con licencia y sus funcionarios, Disposición Fiscal que, debemos decir, no es firmada por Pinto Zavalaga, sino por el Fiscal Coordinador Provincial, Sergio Lucio Zapata Orozco. Esto último, hasta donde averiguó Correo, se debió a que Judith Pinto se encontraba de licencia y regresaba en las próximas horas a sus labores.
Fuente: Diario El Correo.