Fiscalía investiga extraña firma de contrato de GRL

Un nuevo escándalo se incuba al interior de las huestes del Gobierno Regional de Lambayeque (GRL), el cual se suma a la larga lista de cuestionadas irregularidades que sus funcionarios cometen, sobre todo cuando de procesos de licitación y entrega de buena pro se trata.

Ahora se debe a una obra de suma importancia para la comunidad del circuito azucarero de la región, como es el ‘Mejoramiento de la carretera Tumán – Luya’, para la que se convocó la Licitación Pública Nº 25-2014-GR.LAMB/CE, la misma que cuenta con un presupuesto de 3 millones 640 mil soles.

SUSPICACIAS. Luego de que el GRL publicara en el portal del Sistema Electrónico de Contrataciones con el Estado -SEACE- dicho proceso, las bases de este determinaron, como fecha de presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, el 21 de octubre del 2013, participando en el mismo cinco postores y conformando así un mismo número de consorcios, quienes luego de la evaluación de las propuestas (a cargo del Comité Especial conformado por Luis Alberto Ahumada Ledesma, Ruth Hermelinda Vílchez Ríos y Jorge Nizama Paz), adjudicaron la buena pro al Consorcio Jeximar, integrado por PCD SAC., J & M Servicios Generales y ECC Constructores EIRL.

Pero esta buena pro fue anulada mediante la Resolución Ejecutiva Regional Nº 302-2013-GR.LAMB/PR, la cual se fundamentó en base a la denuncia presentada ante el presidente regional por el representante legal del Consorcio Luya, Rufino Marcial Bonilla Acosta, quien manifestó que el Consorcio Jeximar había presentado, en su propuesta técnica, documentación falsa. Luego, en los controles realizados por el jefe de Logística, Yosip Mejía Díaz, se determinó la falsedad de los documentos cuestionados, razón por la cual, en la parte resolutiva de la mencionada resolución, se ordena al Comité Especial descalificar la propuesta del consorcio ganador y reabrir el proceso con la finalidad de otorgar la buena pro al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación, recayendo la misma en el Consorcio Tumán.

Con fecha 29 de noviembre del 2013, el Consorcio Luya, que había ocupado el tercer lugar en el proceso, presenta una nueva denuncia ante la autoridad regional, refiriendo que el Consorcio Tumán, había vulnerado el Principio de Presunción de Veracidad, ya que en su propuesta técnica igualmente había incluido dos certificados de trabajo, supuestamente emitidos por la empresas OMSA Contratistas Generales y el Consorcio Tiwinsa, a favor del ingeniero Nivardo Hito Córdova, quien habría laborado como asistente de residente de obra en dos obras ejecutadas en la región Callao.

Razón por la cual y de acuerdo a la denuncia presentada por el Consorcio Luya ante el jefe de la Oficina de Logística del Gobierno Regional, Yosip Mejía Díaz (esto mediante Oficio Nº 2245-2013-GR.LAMB/OARD-OFLO dirigido al jefe de la Oficina de Administración Regional, Víctor Hugo Miranda Monteza), hace de su conocimiento que luego de las indagaciones realizadas por su despacho, se confirma que, los documentos cuestionados, son falsos.

DUDAS QUE MATAN. Es en este estado y pese a haberse confirmado la transgresión al principio de veracidad de parte del Consorcio Tumán, que el jefe de la Oficina de Administración, con total conocimiento del hecho doloso, el día 26 de diciembre del 2013, suscribe el contrato de obra Nº 46-2013-GR.LAMB/ORDA con el Consorcio Tumán, el cual fue declarado nulo de oficio mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 017-2014-GR.LAMB/PRE, suscrita por el entonces presidente Humberto Acuña Peralta el 13 de enero del 2014, a sabiendas que Consorcio Luya presentó una denuncia con fecha 29 de noviembre del 2013 solicitando la nulidad del otorgamiento de la buena pro.

El denunciante sostiene ante la Fiscalía que, el jefe de Administración, Miranda Monteza, «ha firmado el contrato con el Consorcio Tumán con la finalidad y de manera coludida con éste, para que después que el GRL declare la nulidad del contrato pueda recurrir al arbitraje y perjudique a mi representada».

Toda esta jugada, de llevar a un arbitraje la anulación de este contrato, trae automáticamente la consecuencia terrible de que la obra haya quedado trunca en su ejecución, hasta que no se emita el laudo arbitral que, en el mejor de los casos, podría estar resolviéndose en un plazo no menor a un año, con el agravante que el presupuesto asignado sea revertido al erario nacional y que la obra tan necesaria para la colectividad tumaneña, ya no se ejecute.

Por todas las ocurrencias, el Consorcio Luya, integrado por la Constructora Corona SAC., presentó la denuncia de parte ante el Ministerio Público, tomando a cargo las indagaciones el fiscal Telésforo Vásquez Figueroa, a cargo de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, quien abrió la Carpeta Fiscal Nº 1291-2014, determinando iniciar las investigaciones seguidas contra: Víctor Hugo Miranda Monteza, jefe regional de la Oficina de Administración, y el representante del Consorcio Tumán, Miguel Ángel Gómez Carhuaz, por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes funcionales y colusión en agravio del GRL, habiendo citado a los mismos para rendir su manifestación.

El fiscal también citó a los miembros del Comité Especial y al jefe de la Oficina de Logística, Josip Mejía Díaz.

Sobre el particular, el jefe de la Oficina de Transparencia del GRL, Elías Pingo Risco, saludó que la Fiscalía haya tomado el caso, pero aseveró que todas estas denuncias se deberían, principalmente, a la presión mediática que ejercen algunos medios de información.

Fuente: Diario El Correo.