Dictan 9 meses de prisión para alcalde de Pomalca
Nueve meses de prisión preventiva fue el veredicto dado por la jueza Cecilia Grandez Rojas para el alcalde de Pomalca, Ever Altamirano Romero, quien tuvo que pasar la noche recluido en la carceleta del Poder Judicial.
Esta medida fue dictada por la magistrada al encontrar fundada la denuncia por los delitos de peculado, falsedad ideológica y encubrimiento real, tanto en el caso del burgomaestre, como en el de tres de sus principales funcionarios. Sobre estos últimos, que no asistieron a la audiencia realizada ayer en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, pesan ahora órdenes de ubicación y captura.
DECISIVA. La audiencia comenzó alrededor de las 15:30 horas. Incluso antes, Ever Altamirano ya se encontraba presente, aunque se vio obligado a afrontar el proceso en solitario, dada la ausencia de los otros implicados: Marco Antonio Tarrillo Vásquez (ex gerente municipal), Karin Marita Vásquez Effio (tesorera) y Matilde Isabel Baca Paredes (subgerente de Desarrollo Económico y Social).
La primera en leer y presentar sus elementos de prueba fue la fiscal a cargo del caso, Judith Pinto Zavalaga. Ella, previamente, solicitó el cambio de la comparecencia simple por la prisión preventiva, como medida contra los cuatro imputados. Esto a raíz de que los mismos habrían estado obstaculizando el proceso de investigación.
La representante del Ministerio Público, hizo mención del hecho que originó todo: la venta de 4 motobombas y un equipo agrícola de propiedad del municipio sin contar con la aprobación del pleno del concejo.
Según la denuncia hecha por el exalcalde del mismo distrito, Luis Orbegoso Navarro, los días 28 y 29 de octubre, en horario fuera de trabajo, ingresó a la comuna una camioneta en la que se retiraron estos bienes, que habían sido donados por el gobierno central.
Para empeorar las cosas, durante una diligencia hecha por la fiscal Pinto Zavalaga, el 11 de diciembre del 2013, se detectó que el burgomaestre habría utilizado una boleta de pago con información falsa, tratando con ello de desviar el curso de la investigación. Fue así que los delitos de falsedad ideológica y encubrimiento real, se sumaron al proceso.
TENSIÓN. Durante el desarrollo de la audiencia, la representante de la Fiscalía procedió a sustentar su pedido de prisión preventiva señalando que existiría un evidente peligro de fuga, dado que ninguno de los imputados precisa su dirección domiciliaria: la información consignada en su documento de identidad no es precisa y difiere de la que señalan en otros tipos de documentos. Además, indicó que los constantes viajes de Ever Altamirano fuera de la región no hacen sino reforzar esta posición.
La defensa de la autoridad intentó rebatir este argumento, indicando que los viajes del burgomaestre respondían a la necesidad de acudir al Congreso para solucionar el déficit de presupuesto que afronta la comuna pomalqueña.
Sin embargo, a su turno, la fiscal derribó este argumento, al indicar que, teniendo en cuenta dicho déficit, no se explica el gasto de dinero en tantos viajes a la capital solo para presentar documentos. A partir de entonces, mientras los argumentos de los abogados iban perdiendo fuerza, crecía la tensión en la sala. Alrededor de las 18:30 horas, miembros de la Policía Judicial se hicieron presentes en el lugar.
CONSUMADO. La jueza Cecilia Grandez procedió entonces a dar su veredicto, declarando fundado el pedido de prisión preventiva solicitado por la Fiscalía y disponiendo que los cuatro imputados sean llevados al Penal de Chiclayo (ex Picsi) durante el plazo establecido para la respectiva investigación, que deberá culminar el 19 de mayo del 2015.
Tras ser esposado por los efectivos policiales, Ever Altamirano exclamó que todo es parte de una persecución política en su contra. Su defensa y la de sus funcionarios, afirmaron que apelarán la decisión.
Fuente: Diario El Correo.