Denuncian «robo sistemático» en el SATCh por 30 millones de soles
«Un robo sistemático que alcanzaría los 30 millones de soles se ha producido en el Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo (SATCh) durante la gestión del alcalde Roberto Torres Gonzales», denunció el regidor de la municipalidad de Chiclayo, Guillermo Segura Díaz.
Empero, esta situación al parecer no ha despertado el real interés de las autoridades de la Primera Fiscalía Provincial de Chiclayo para investigar, a pesar de la denuncia interpuesta el 27 de agosto de este año por el procurador anticorrupción José Manuel Benavente Millán contra el ex jefe y el actual titular de este organismo, César Regalado Rodríguez y Jorge Pretell García, respectivamente.
El presunto delito que se les imputa es contra la administración pública en su modalidad de peculado en agravio del SATCh.
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El abogado del Estado señala que el modus operandi de las personas que habrían participado en esta sistemática sustracción de los caudales del Estado, como también lo relató el concejal, sería en el procedimiento de solicitud de registro para conducción de puestos de mercados o kioscos.
Subrayó que los administrados presentaban su solicitud para que la comuna revierta la posesión del establecimiento a favor de los solicitantes.
Paralelamente, Benavente explica que el favorecido con esta medida acudía a las oficinas de recaudación del mercado Modelo para cancelar los derechos respectivos, emitiéndose los recibos de recaudación denominados «Renta de Mercado de Abasto» (merced conductiva) por lo que se les asignaba el código del contribuyente.
Estos reportes debían ser remitidos al SATCh para su registro en el sistema informático. Sin embargo, a pesar de los pagos y de entregarse los recibos, el dinero nunca ingresó a las arcas municipales porque no fueron registrados en la data de la entidad.
Segura Díaz anotó que entre el 2013 y 2014 se detectaron 48 casos por pagos de merced conductiva no registrados. Y señaló que el presunto desvío de dinero también se presenta en el superávit, lo que sumaría 30 millones de soles.
¿Fiscalía cruzada de brazos?
Benavente dijo que el perjuicio solo por los recibos no consignados es de 16,729 soles. El letrado pidió con urgencia la incautación de los recibos y la data informática del sistema de recaudación del SATCh para realizar la pericia contable y se determine el daño patrimonial producto de la apropiación de los caudales. Empero, a la fecha la Fiscalía no se pronuncia.
«Es preocupante. Debe intervenir el OCI, el Consejo Nacional de la Magistratura y la presidenta Carmen Miranda», invocó Segura Díaz.
Fuente: Diario La República.