Usaron nombre de Credipyme, ligada a red Orellana en MPCh
Dato. A través de cartas fianzas presentadas por consorcios Heral SAC y Arizola para ejecutar obras. Esta cooperativa negó haber garantizado a las empresas. Hay investigación preparatoria.
La Procuraduría Pública de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) informó a la comisión de transferencia de gestión sobre el expediente judicial por la investigación preparatoria por el delito contra la fe pública, en su modalidad de usar un documento privado falso contra representantes de los consorcios Heral SAC Contratistas Generales y Arizola.
También precisó que estas empresas presentaron cartas fianzas supuestamente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Credipyme Perú Ltda, la cual -según el presidente de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), Carlos Cueva- sería cómplice de la red de corrupción de Rodolfo Orellana, hoy preso.
El procurador municipal Pedro Alvarado Guerrero informó que presentó la lista de procesos penales y laborales a los técnicos del electo alcalde David Cornejo Chinguel.
El caso en mención está consignado en la Carpeta Fiscal N° 55-2012 de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo que dirige Sergio Zapata Orozco y que se ventila en el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, que despacha Yolanda Gil Ludeña.
La autoridad fiscal ha presentado requerimiento acusatorio contra Luis Felipe Lozada Podestá, representante de Arizola; y Luis Enrique Pérez Huertas, representante de Heral SAC. Ambos se encuentran como no habidos.
Para ellos el Ministerio Público solicitó tres años de pena privativa de la libertad y 200 días multa, así como 20 mil soles de reparación civil en agravio de la comuna y de Credipyme, quien aparece en esa condición en el expediente.
Es preciso señalar que los hechos sucedieron en el 2010 en la gestión del suspendido alcalde Roberto Torres Gonzales. El Consorcio Arizola participó en la obra de construcción de pavimentación flexible en caliente en el pueblo joven San Francisco; mientras Heral SAC, en la obra de mejoramiento de las redes de saneamiento y agua potable en la calle Alva Díaz, en la urbanización Las Brisas.
Sanción
Alvarado Guerrero expresó que Lozada Podestá entregó a la MPCh la Carta Fianza N° 0105-006010-00 de adelanto directo por 174,124 soles el 5 de junio del 2010, con vencimiento al 3 de setiembre del mismo año. El documento, según el denunciado, lo otorgó Credipyme Perú Ltda.
En tanto, el 12 de julio del 2010, Pérez Huertas hizo lo mismo con la Carta Fianza N° 099-087 de adelanto directo por 192,460 soles de Credipyme.
En la investigación, el auditor Henry Espinoza Sánchez informó que Credipyme, con la Carta N° 090 del 15 de diciembre del 2011, aseguró que no emitió ninguna carta fianza a los dos consorcios. Ello permitió a la Fiscalía afianzar el proceso legal.
El abogado de la comuna dijo que si bien es cierto los documentos no fueron suscritos por Credipyme, los consorcios utilizaron el nombre de esta cooperativa vinculada a Orellana, imputado de crear organizaciones para estafar al Estado.
Además subrayó que el Comité Especial de Adjudicación de las obras de infraestructura y saneamiento no detectó que una cooperativa no puede fiar con el Estado al no estar autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).
«La investigación debe comprender todos los aspectos», puntualizó.
«No defendieron a la municipalidad»
Alvarado manifestó que las electas autoridades ediles, en cumplimiento de sus funciones, deberán impulsar el proceso a fin de que se sancione a los responsables de las irregularidades.
«En la municipalidad hicieron lo que quisieron, lo que afectó los intereses del Estado. Las autoridades de aquel entonces actuaron de espaldas a las normas», dijo.
Fuente: Diario La República.