Dirincri encontró indicios de estafa en accionar de ONG en Lambayeque

Al banquillo. La investigación pasa a la 39º Fiscalía Provincial Penal de Lima para luego ventilarse en el Poder Judicial.
 La División de Estafas de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) – Lima, que investigó el accionar del Organismo No Gubernamental (ONG) Instituto Internacional de Apoyo a la Madre Gestante, Niño y Adolescente, a solicitud de la 39º Fiscalía Provincial Penal de Lima, debido a la denuncia entablada por la Defensoría del Pueblo de Lambayeque por el presunto delito de estafa en contra de las once municipalidades supuestamente beneficiadas con los convenios firmados con esta institución para la ejecución de obras de envergadura y de las empresas constructoras que tenían a cargo estos proyectos, resolvió abrir investigación preliminar contra los directivos de este organismo por la presunta comisión del delito contra el patrimonio-estafa en agravio de contratistas y municipios.

Mediante el Atestado Nº 210-14-Dirincri-DIVIEOD-DS, elaborado por este organismo policial, se detalla el minucioso trabajo de investigación realizado por los agentes policiales y en las conclusiones de esta documentación se determina que Norbil Omar Satornicio Baldera (35), Víctor Wenceslao Tejeda Castañeda (66), Aníbal Sánchez Ruiz (40), José Antonio Bravo Valdez (42), y Miguel Ángel Ordóñez Ybáñez (38), (directivos de la ONG) e Israhel Alejandro Tinoco Alarcón (34), son presuntos autores del delito contra el patrimonio-estafa, en agravio de las empresas P&N Contratistas Generales SAC, representado por Tomás Francisco Núñez Távara; Consorcio Pátapo Capelli SAC, representado por Juan José Zamora Capelli y las municipalidades distritales de Pátapo, Pomalca, Pimentel, Puerto Eten, San José, Zaña, Jayanca, Olmos, Pueblo Nuevo – Ferreñafe y Mesones Muro, pertenecientes al departamento de Lambayeque, por el monto de $ 58,117.01 pagados a la cuenta corriente de la ONG Instituto Internacional de Apoyo a la Madre Gestante, Niño y Adolescente y S/. 4’922,666.86, invertidos por los contratistas mencionados en el inicio de las diferentes obras.
En este documento también se detalla que las investigaciones han determinado que los presuntos autores integrantes de este caso, miembros de la ONG, utilizaron la imagen de esta persona jurídica con la finalidad de solicitar informes técnicos de proyectos a las municipalidades mencionadas, para posteriormente ofrecer estos proyectos a los contratistas previo pago del 1% del valor de la obra, como “donación” y ellos financiarían el total de la obra con el apoyo económico internacional, pero no cumplieron con ningún pago, utilizando esta modalidad para hacer caer en error a los agraviados. Estos hechos ocurrieron en Lima con la suscripción de los contratos desde fines del 2012.

Atención…
En esta investigación sale a la luz Israhel Alejandro Tinoco Alarcón (34), gestor comercial de la Oficina Multiplaza de la institución bancaria BBVA Continental, ubicada en el distrito de Independencia – Lima. En la manifestación que Tinoco Alarcón brindó a la PNP, sostuvo que la relación que mantuvo con los directivos de la ONG fue solo de sectorista de la cuenta bancaria de la institución; sin embargo, en las investigaciones realizadas se pudo establecer que su relación fue más estrecha, ya que a varios empresarios constructores que recurrieron a buscarlo con la finalidad de saber acerca de la solidez económica de la ONG les dio la tranquilidad del caso para seguir confiando en esa institución, informándoles que tenía conocimiento de las cartas en stand by a favor de la ONG y que estaban en manos de Omar Satornicio Baldera.
Mientras que Norbil Omar Satornicio Baldera presentó una declaración jurada donde afirma que tiene un documento denominado “ACUERDO JOIN VENTURE”, que fue suscrito entre un grupo de inversionistas extranjeros y él en su condición de presidente de la ONG, que corresponden a millonarios desembolsos, pero nunca  mostró tal acuerdo.
Ahora, este caso queda en manos de la 39º Fiscalía Provincial Penal de Lima, quien tendrá que evaluar la investigación de la Dirincri – Lima y pasar el caso al Poder Judicial de Lima, con la finalidad de que se determinen responsabilidades y los involucrados se pongan a cuentas con la justicia. 

Fuente: Diario La República

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