El juez fantasma
Una sentencia judicial en el centro de un escándalo. ¿Firmó o no un magistrado de Amazonas la orden para liberar al empresario Samuel Roncal? Se lo acusa de ordenar el asesinato de un auditor de la SUNAT.
La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) tiene entre manos la investigación de una misteriosa sentencia expedida por un juez de Amazonas. Ordenaba la excarcelación de un empresario de Lambayeque acusado de asesinato. El Ministerio del Interior puso el grito en el cielo, ante lo cual el magistrado que supuestamente suscribió la resolución dijo que jamás lo hizo. Los abogados del beneficiado, Samuel Roncal, también se declararon sorprendidos. El incidente forma parte del complejo proceso de investigación contra una banda que asesinó a por lo menos diez personas, según el Ministerio Público. Su nombre: La Hermandad del Norte. A Samuel Roncal y a su hermano Carlos, ambos empresarios, se les atribuye relaciones ilícitas con la organización.
−Carlos es el que figura y encabeza –dijo una fuente judicial−. El otro ejecuta.
Ex administradores de Agropucalá, los hermanos son grandes comercializadores de azúcar. Una fiscalía anticorrupción ha acusado a Carlos Roncal por lavado de activos y defraudación tributaria. En la preparación de esta denuncia habría colaborado, en 2015, el auditor de la SUNAT Luis Cieza, asesinado a balazos el 23 de diciembre de ese año. De acuerdo con la fiscalía de Crimen Organizado, los Roncal pagaron a sus ejecutores. Ellos aducen inocencia.
Orden de libertad
Un aspirante a colaborador eficaz presenció una escena que los delataría. Intermediarios de la Hermandad del Norte contrataron a los sicarios. Samuel Roncal fue detenido el tres de noviembre del 2016, en un megaoperativo destinado a capturar a los integrantes de la banda. Cayeron los jefes, Epifanio y Hernán Sánchez, así como otros implicados en una docena de muertes. Fueron detenidas unas quince personas, varias de las cuales ya están en libertad por haber obtenido orden judicial de comparecencia. En esa ocasión pudieron escapar Carlos Roncal y Heráclides Arenas, su contador. Arenas fue detenido un mes después, saliendo de un cine de Chiclayo. El fugitivo Roncal burló a la policía hasta que su orden de captura quedó sin efecto, este año. La fiscalía ha formalizado un pedido de detención preventiva. Un juez debe decidir en próxima audiencia pública.
Cuando reapareció después de estar once meses escondido, Carlos Roncal dijo que esta forma de dar la cara era una demostración de su inocencia. Esperaba confiado, dijo, la resolución que el juez adoptaría en su caso. Mientras tanto, su hermano Samuel permanecía preso, luego de haber tratado inútilmente de obtener una orden de comparecencia. Los hechos que lo involucran con el asesinato de Cieza son similares a los que comprometen a su hermano Carlos. En ese contexto la esposa de Samuel Roncal presentó una acción de Hábeas Corpus contra los magistrados que habían dispuesto su detención, ante un juzgado de la Corte Superior de Justicia de Amazonas. El 13 de octubre, el juez Walter Castillo Fernández resolvió: los derechos fundamentales del demandante se habían vulnerado y debía ser puesto en libertad de inmediato.
Faltaban papeles
Es una sentencia de once páginas, bien redactada, con la firma del juez en cada folio. Once firmas del juez y once del secretario, Jorge Villacorta Tello. Son trazos de distintos tamaños, pero aparentemente de una misma mano, de la del juez o del falsificador. En la misma fecha ellos aparecen firmando otro escrito también supuestamente falsificado: un oficio al penal de Picsi de Chiclayo, mediante el cual remiten la Papeleta de Excarcelación No. 4, señalando que se derivaba del proceso No 120-2017 JIP PRG seguido a su favor por Hábeas Corpus. Ambos documentos fueron llevados al penal por el Notificador Oficial de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Walter Flores Rodríguez, a las 9:20 horas del 16 de octubre.
Samuel Roncal estaría en estos momentos en libertad si el director del penal, Alfredo Cutimbo, no se hubiera opuesto a hacerlo alegando formalidades. Faltaba el sello del juez en la papeleta. Tampoco se adjuntó la constancia de que Roncal no estaba requisitoriado.
Según la sentencia
Al día siguiente, ante la negativa, la hermana del beneficiado, Dora Roncal, presentó otra acción de Hábeas Corpus para que se cumpla la primera. Este recurso fue aceptado el mismo 17 de octubre por la magistrada Sara Vera, del juzgado de Leonardo Ortiz, con el argumento de que las objeciones implicarían una demora irreparable para el cumplimiento de un derecho constitucional. El día 18 el Ministerio del Interior reaccionó agresivamente, culpando al juez Walter Castillo de haber emitido anteriormente otras sentencias irregulares de Hábeas Corpus a fin de excarcelar a acusados. El juez, de inmediato, dijo que no había emitido sentencia. La Corte Superior de Amazonas, en otro comunicado, ratificó lo dicho. La Corte Superior de Lambayeque también. El Poder Judicial, vía Twitter, dio la misma versión. Así, todas las instancias judiciales se han jugado por la tesis de la falsificación. Pero es posible que la realidad sea otra.
El 18 de octubre, Samuel Roncal publicó un aviso a toda página en este diario. Dijo que la sentencia de Castillo era auténtica y que este se arrepintió cuando lo encimaron. ¿Qué reza, a todo esto, la resolución? Que el derecho de defensa de Roncal estaba afectado porque no conocía los términos de la acusación hecha por la persona que solicitó ser considerada colaborador eficaz. Que la acusación hecha por alguien con esta precariedad –aún no se le otorga el estatus pretendido–no está fundada en derecho. Y que es contradictorio que la fiscalía lo acuse por contratar los servicios de sicariato de una banda y al mismo tiempo se le adjudique pertenencia a la organización criminal. Podrían discutirse estos argumentos, pero lo más importante ha pasado a ser el tema de si el juez los escribió o no.
En un aprieto
El Poder Judicial, al respecto, está en un aprieto. Si se comprueba que Castillo redactó la resolución y luego se retractó, asoma nítidamente la sombra de la corrupción. ¿Por qué esconder una sentencia elaborada limpiamente? En esa posibilidad, el acto de cerrar filas en torno de la versión falsa se torna precipitado e inexcusable. Todos tomaron distancia de una sentencia vergonzante cuando aún no hay pruebas de su autenticidad. Por otra parte, la tesis de la falsificación es quizá más grave. ¿Cómo se incrustó una sentencia falsa de Amazonas en el sistema de notificación de Lambayeque? El fraude habría operado en dos cortes departamentales, en varios niveles y con una sofisticación notable. Las firmas del juez Castillo y del secretario Jorge Villacorta son las mismas que aparecen en otras sentencias. El falsificador tendría que haber sido un maestro para reproducirlas en distintas formas y tamaños. Roncal podría tener razón.
Fuente: La República
El juez fantasma