PPK deja sin piso a su ministro al descartar apoyo a pena de muerte
Debate. Presidente recordó que esta radical medida no se contempla en la Constitución, en medio de la discusión de la propuesta de fujimorista. Especialistas coinciden en que iniciativa es populista y está comprobado que no es disuasiva ante el crimen.
«Voy a conversar con él en su momento», dijo el presidente Pedro Pablo Kuczynski, dejando sin piso al ministro de Justicia, Enrique Mendoza, quien el domingo defendió la pena de muerte para sentenciados por violación sexual a menores. Desatada la polémica, el jefe del Estado descartó que otro represente al Ejecutivo.
«Entiendo la emoción que mucha gente siente contra crímenes terribles como la violación de niños. Eso es absolutamente inaceptable. Nosotros, en nuestra Constitución, no aceptamos la pena de muerte», explicó.
Más duro fue el congresista Güido Lombardi. «¿Va a denunciar el Pacto de San José, señor ministro, o va a renunciar debido a su evidente desacuerdo en este tema con el señor presidente?», escribió en Twitter.
El ministro del Interior, Carlos Basombrío, respaldó la postura de PPK, al asegurar que una medida de este tipo es un «imposible jurídico».
Idel Vexler, ministro de Educación, agregó: «Yo no estoy a favor de la pena de muerte. Yo defiendo la vida».
Fujidebate
La discusión sobre la pena de muerte fue iniciada por Fuerza Popular. La congresista Karla Schaefer anunció que presentará un proyecto de ley para modificar la Constitución y así castigar a los abusadores de niños menores de siete años.
«La persona que comete el acto no debe vivir. Esto recoge el clamor de la gente. Si matamos a una persona por el delito de violación, evitamos ocho. Esta iniciativa recoge lo plasmado en nuestra Constitución hasta 1979. Es una cuestión de debatir», dijo en RPP.
Su colega de bancada Úrsula Letona dijo estar a favor de la propuesta. «Somos varios congresistas que queremos que se discuta. Si el proyecto se archiva, por lo menos lo debatimos. Hay que hacer política pública distinta por los intereses del país», aseveró.
Miguel Torres fue la voz discordante en el fujimorismo. El parlamentario indicó que la pena de muerte no soluciona los casos de violación, tras señalar que es un «convencido del derecho a la vida».
La posición de los congresistas de Fuerza Popular es coherente con lo dicho por su lideresa, Keiko Fujimori, en 2016, cuando en plena campaña electoral propuso aplicar la pena de muerte.
No es la solución
El ex procurador anticorrupción José Ugaz explicó que diversos estudios han comprobado que la pena de muerte no ha tenido efectos disuasivos en las sociedades, y dijo que esto podría ser perjudicial para el Estado.
«¿Para qué sirve la pena de muerte? Hay estudios comparados que demuestran, sin duda alguna, que su aplicación no es disuasiva. En países con alto margen de error judicial, esto se convierte en un drama irreversible», sostuvo.
Según el ex presidente de Transparencia Internacional, hablar sobre la pena de muerte significa retornar a un debate recurrente que «perseguiría otros fines».
En eso coincide Ana María Vidal, secretaria ejecutiva adjunta de laCoordinadora Nacional de Derechos Humanos, quien consideró que se busca aislar al país de tratados internacionales.
La aplicación de la pena de muerte implicaría que Perú se retire del Pacto de San José, donde se acude para la defensa de los derechos humanos, además que supondría un obstáculo para que el país ingrese a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
«Es una medida populista que no va a arreglar el problema», manifestó Vidal.
Defensoría del Pueblo en contra de instaurar la pena de muerte
El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, dijo que restituir la pena de muerte por violación sexual obligaría al Perú a renunciar a la Convención Americana de Derechos Humanos.
Recordó que la Constitución de 1979 restringió la pena de muerte al delito de traición a la patria. El Estado peruano se encuentra impedido de ampliarla a otros supuestos.
Sostuvo además que renunciar a la Convención nos dejaría en una posición de grave vulnerabilidad a otros derechos como la integridad, la libertad de expresión, la propiedad, entre otros.
Gutiérrez precisó que, de acuerdo a la experiencia internacional, conocida, este tipo de iniciativas no contribuyen a la reducción de estos delitos de violación sexual.
Fuente: La República
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