Ordenanzas de “El Jefe” en proceso de anulación
Fueron diseñadas, presuntamente, para responder a intereses de terceros.
El proceso de anulación de ordenanzas y resoluciones municipales, dadas durante la gestión del exalcalde Roberto Torres Gonzales y que presuntamente buscaban favorecer a terceras personas, ha causado rechazo por parte de los dirigentes del sector transportes.
NULIDAD. Ruperto Castellanos Custodio, gerente de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, dio a conocer que en el sector transporte, al menos un promedio de 3 resoluciones de alcaldía y 5 ordenanzas municipales se encuentran en proceso de ser anuladas.
Sin embargo, el funcionario explicó que para ello vienen cumpliendo algunos requisitos que obliga la ley, pues aprobándose la nulidad de una resolución u ordenanza, se verán afectadas terceras personas, las que podrían considerar el acto como un “abuso de autoridad”.
“Hemos encontrado esta figura y por eso hemos tenido que notificar. Hemos notificado a todas las empresas que han sido beneficiadas en los últimos días o en el día que lo capturaban a Beto Torres, donde por ejemplo, aparece una resolución firmada, supuestamente por él”,
El funcionario indicó que casos como estos se encuentran en investigación, con el fin de esclarecer cómo se logró firmar estas resoluciones, cuánto tiempo tardaron en trámite documentario y otros aspectos que se consideran importantes para sustentar la nulidad de las resoluciones.
Es así que también se viene investigando el otorgamiento de resoluciones de ampliación de lineas a favor de empresas de transporte de los sectores de Monsefú, Santa Rosa y Pampagrande, donde no se habría cumplido con los requisitos de ley.
“Por ejemplo, en Pampagrande, había una sola línea que era la línea de custer, y que eran los únicos que tenían línea, pero después que se hace la pista aparecen colectivos, cuando hay una norma que dice que cuando el servicio está cubierto no se puede dar una nueva línea”, resalta Castellanos.
ORDENANZAS. Ruperto Castellanos, sostuvo además que la nueva gestión viene preparando cinco nuevas ordenanzas para el sector transporte, con la finalidad de dejar sin efecto las anteriores.
Una de ellas es el establecimiento de las nuevas rutas, con proyección a alcanzar lo que será el terminal terrestre, de lo cual se está encargando el Comité Especial de Promoción de la Inversión Privada (Cepri).
Otra de las nuevas ordenanzas está relacionada con los paraderos en la ciudad de Chiclayo, así también, el estacionamiento vehicular y el orden que requiere al sector de los mototaxis.
DESACUERDO. Respecto a ello, el presidente de la Coordinadora Regional de Transporte Público en Lambayeque (Cortpul), Ruperto Míñope Guevara, quien se encuentra como encargado en el gremio, manifestó su desacuerdo con la nulidad.
“Nosotros estamos en desacuerdo (con la anulación de ordenanzas), que se empiece más bien a fiscalizar lo que ellos creen que esté mal. Porque bien dada o mal dada una resolución, ya se dio, tiene que respetarla, porque ahí van a crear conflictos”, indicó Ruperto Míñope.
No obstante, el dirigente precisó que existen resoluciones que adolecen en cuanto a efectos legales y que no están bien dadas, pero que ello no puede afectar a otras empresas que cumplieron los requisitos legalmente.
Además, el dirigente manifestó que la actual gestión deberá primero dar a conocer al detalle a los transportistas cuáles son las nuevas ordenanzas y aprobar la conformación de comisiones consultivas, para que el proceso sea transparente.
Míñope, además, criticó que se esté realizando un trabajo desordenado, puesto que la actual gestión empieza con el planteamiento de anular resoluciones y ordenanzas municipales, sin plantear un proyecto ya elaborado que exponga la forma como se solucionará el problema del transporte.
“Dicen que quieren anular todos los permisos provisionales de paraderos, estaría bien que anulen los permisos de paraderos, pero siempre y cuando se vea la situación de cómo van a trabajar si le quitas el paradero, dónde van a trabajar estos colectivos o combis”, manifestó Ruperto Míñope.
MÁS. Pero la nulidad de resoluciones y ordenanzas también involucra a la parte administrativa en la Municipalidad Provincial de Chiclayo, lo cual tiene que ver con la contratación de personal y funcionarios.
Según el gerente de Asesoría Jurídica, la gestión de “El Jefe” emitió resoluciones para designar a funcionarios que no eran profesionales, es decir, en la gestión anterior, se podía contratar a un estudiante universitario como funcionario.
“Ahora todos tienen título profesional, se enmarcó y se está cumpliendo”, respondió Castellanos.
Además, indicó que en el caso de obras, en algunos casos, se ha procedido a anular la conformación de comisiones de recepción de obras, muchos de los cuales no cumplieron su función, pues solo eran nombradas a último momento.
De igual manera, se planteó una ordenanza municipal para la administración de espacios públicos en la ciudad de Chiclayo.
La anulación de dichas ordenanzas y resoluciones, serán ratificada cuando se cumplan los 100 días de la declaratoria de emergencia administrativa. Entonces se dará a conocer la nueva estructura, forma y los nuevos requisitos exigidos por la parte administrativa.
Fuente: diario El Correo.