Alcalde de Tumán implicado en lavado de activos
La Fiscalía Superior ordenó que se reabra la denuncia por el delito de lavado de activos, formulada contra el alcalde reelecto del distrito de Tumán, Rolando Barboza Díaz.
El caso había sido archivado por el fiscal Raúl Rivas Delgado; sin embargo, la Procuraduría Especializada en delitos de Lavado de Activos interpuso una queja de derecho (apelación) logrando que se emita una nueva disposición.
DENUNCIA. El citado fiscal resolvió en abril del 2014 que no existen pruebas suficientes de que el burgomaestre haya «realizado actos de conversión de dinero proveniente de otros delitos».
Asimismo, decidió no continuar con la investigación porque los datos que obtuvo de las operaciones bancarias y adquisiciones del burgomaestre, corresponden a los años 2008 a 2010 y los hechos investigados datan desde abril del 2012.
No obstante, el fiscal superior, Jorge Arteaga Vera, sostuvo que la investigación giró única y exclusivamente en el patrimonio de la autoridad edil y no se tuvo en cuenta a su entorno familiar, social, laboral y societario que podrían servir de testaferros.
Incluso el magistrado citó los antecedentes penales de Barboza Díaz por diferentes delitos contra la administración pública (corrupción) y sostuvo que, «de allí podría provenir el origen ilícito del dinero, teniendo en cuenta que no se han identificado a las personas que conforman su entorno».
Por tal motivo, el fiscal superior revocó la orden de archivamiento y dispuso que se amplíe la investigación por un plazo de 90 días, enumerando incluso las diligencias que se deberán realizar.
Por ejemplo, ordenó que se solicite a la Unidad de Inteligencia Financiera remita el reporte de las operaciones sospechosas del alcalde tumaneño.
También, que se solicite al Decano del Colegio de Notarios del Perú que informe sobre los actos jurídicos celebrados por Barboza Díaz a nivel nacional (compraventa de bienes muebles o inmuebles).
Del mismo modo, se requerirá al denunciante, Gilberto Olivos Pena, que proporcione los nombres de las personas del entorno familiar del burgomaestre y a los Registro Públicos, que informe sobre los bienes que estos registren.
Fuente: Diario El Correo.