Cúpula de Torres desfalcó MPCh con S/. 83 mlls.

Repudiable. A través de contratos en el sistema Fondos Mutuos, funcionarios ediles transfirieron recursos para, presuntamente, apoderarse del dinero del Estado.

La Contraloría General de la República descubrió que la cúpula del suspendido alcalde Roberto Torres Gonzales implantó una nueva modalidad en el país para defraudar, en este caso a la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), con la transferencia de 82 millones de soles al sistema de inversión “Fondos Mutuos” del banco Interbank, lo que dejó una ganancia de un millón de soles. Son en total 83 millones de soles que en la actualidad ya no existen.

El vicecontralor general, Edgar Alarcón Tejada, informó que este hecho irregular se registra desde el año 2009 hasta la fecha. Señaló que el dinero proveniente del erario nacional fue transferido del Banco de la Nación al Interbank, en donde se aperturaron seis contratos a nombre del municipio y del Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo (SATCh).

Si bien al principio se tuvo información que eran 20 millones de soles los que existían en dichos contratos comprendidos en el rubro interfondos, tal como lo informó La República en su edición del último miércoles, en el marco de una investigación el Ministerio Público tuvo acceso a los reportes del Banco de la Nación, los que especificaron que el monto de dinero es superior y que en forma paulatina, en un espacio de seis años, se trasladó a la banca privada.

“El destino de los recursos no habría sido la comuna. Sin duda existe una red de corrupción especializada enquistada en las entidades públicas. Este último mecanismo para afectar al Estado es el primero a nivel nacional”, insistió y agregó que la Tercera Fiscalía Penal de Chiclayo solicitó el levantamiento del secreto bancario a fin de que Interbank emita un informe detallado sobre quién hizo los retiros y a quién se entregó el dinero.

Alarcón Tejada enfatizó que los supuestos motivos considerados para ejecutar la transferencia del dinero es el pago de obras y la cancelación de contratos. Esto solo habría sido una pantalla.

También mencionó que para abrir una cuenta en un ente privado debe ser autorizada por el Tesoro Público, lo cual no sucedió. Habría participación directa de los diferentes gerentes municipales.

Operativo «Chiclayo»

De manera paralela, Alarcón Tejada informó que la Oficina Regional de la Contraloría efectuó desde el 2009 hasta el 2014, 336 auditorías en la región Lambayeque, emitiéndose en estos exámenes especiales 436 informes referidos a materia penal, civil y administrativa. En los tres últimos años se auditaron 400 millones de soles.

Reveló que se desarrolla el operativo denominado «Chiclayo» que comprende la municipalidad de Chiclayo respecto a cuestionados otorgamientos de buena pro a empresas, presuntas irregularidades en la ejecución de obras de saneamiento, adquisición y supuesta sobrevalorización del local de la ex Mutual, uso de fondos para la obra del pueblo joven José Balta y urbanización San Juan, anticipos pendientes de rendición por parte de autoridades y compra de volquetes.

El caso de Epsel se refiere a la adquisición de vehículos, medidores y dinero para el saneamiento usado en pavimentación. Mientras en el SATCh es por irregularidades que habría en la captación de tributos y los elevados pagos para la construcción de inmuebles con pisos. En la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo (SBCh), por la adquisición del inmueble de la ex Mutual.

Mea culpa

Aunque no quiso reconocer que la corrupción tocó a la Contraloría, Alarcón Tejada dijo que hubo lentitud en la labor e informó que se investiga por presunto delito de omisión de funciones a la ex jefa de la Oficina Regional, Dina Calonge de la Piedra y los ex jefes del Órgano de Control Interno (OCI), Juan Gastelo Quiroz y Walter Torres. Este último fue reemplazado por Wilder Castro Nieves. Y aseguró que se propondrá al Ministerio de Economía la instalación de una unidad ejecutora en la MPCh por el desgobierno que se vive.

Fuente: Diario La República.

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