Poder legal habría estado al servicio de Roberto Torres
El escándalo por los presuntos hechos de corrupción en el caso del alcalde suspendido Roberto Torres Gonzales aún no tiene punto final. En los ocho años de gobierno del líder del Movimiento Regional de las Manos Limpias, como titular de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), se presentaron más de 200 denuncias en su contra, pero más del 90% no llegaron a buen puerto. Todo indica que en el tablero de la corrupción más de una pieza se habría movido a su favor.
El presidente de Pro Justicia, Fernando O’Phelan Pérez, sostuvo a este diario que según reportes oficiales del Ministerio Público, el fiscal de la Segunda Fiscalía Provincial de Chiclayo, Esdras Sánchez Moreno, sería el magistrado que más investigaciones preliminares relacionadas al caso Torres archivó, además de requerir sobreseimientos al Poder Judicial.
O’Phelan entregó a este medio documentos que probarían que en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque (CSJL), el titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, Wilson Medina Medina, se encontraría en la misma línea al archivar y declarar fundados excepciones de improcedencia de acción que cerraron los procesos.
«Así como existe la red del crimen organizado con grupos como la del Viejo Paco; la red de los barones del azúcar, también está la red de corrupción de funcionarios liderada por Roberto Torres. Sin duda en Chiclayo hay un laboratorio para la corrupción”, enfatizó.
Reportes que hablan
¿Pero cuáles son los sobreseimientos que solicitó el fiscal Esdras Sánchez Moreno al juzgado?
En los documentos presentados por el titular de Pro Justicia está el Expediente N° 3900-2011 referido al delito de patrocinio ilegal contra Roberto Torres, su pareja sentimental Katiuskha Del Castillo Muro (ambos detenidos, pero en la investigación por el ilícito de lavado de activos), y el alcalde del distrito de José Leonardo Ortiz, Raúl Cieza Vásquez.
El fundamento considerado por Sánchez para solicitar el sobreseimiento al Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria fue que «no existen elementos de convicción suficientes que justifiquen solicitar llevar a juicio a los imputados».
El órgano jurisdiccional no le dio la razón y elevó el caso a la Fiscalía Superior en consulta. Hoy existe acusación por los hechos referidos a la contratación de Katiuskha Del Castillo en la municipalidad de José Leonardo Ortiz y de Filiberto Cieza, hermano del burgomaestre leonardino, en la comuna de Chiclayo.
En el Expediente N° 1372-2010 por el ilícito de abuso de autoridad, tras denuncia del entonces ex regidor Carlos Gonzales contra Roberto Torres, sucedió lo mismo. En este caso el director de la investigación concluyó que no advierte un actuar doloso contra los imputados, entre ellos también funcionarios.
El ex munícipe denunció la falta de pago de dietas a pesar de su asistencia a las sesiones de concejo.
Otro de los reportes entregados por Fernando O’Phelan es el Expediente N° 958-2011 sobre requerimiento mixto de acusación y sobreseimiento por la comisión ilícita de abuso de autoridad en agravio de Producciones Publicitarias y la MPCh. Edgar Baca Doig denunció que a pesar de existir una medida cautelar, el SATCh retiró 14 papeletas publicitarias ocasionando perjuicio económico. El magistrado acusó a algunos ex gerentes por abuso de autoridad. Empero, en el otro extremo pidió el sobreseimiento de Roberto Torres por el mismo ilícito.
Decisiones
Paralelamente aparecen las investigaciones preliminares archivadas y comprendidas en los Expedientes N° 3639-2010 por el delito de peculado, N° 1372-2010 por abuso de autoridad y el N° 3970-2010 por desobediencia a la autoridad, y fue el Cuarto Juzgado Civil que remitió la documentación.
Además figuran los expedientes N° 2671-2010, 232-2011, 1653-2010, por el ilícito de abuso de autoridad.
Líneas seguidas O’Phelan Pérez manifestó que el juez Wilson Medina Medina, con la Resolución N° 6 del 29 de octubre del 2010, archivó el proceso seguido contra Roberto Torres por el delito de desobediencia a la autoridad. En el documento se lee que el juzgador tomó esta decisión ante la ratificación del requerimiento de sobreseimiento de la Fiscalía Superior.
Mientras en el Expediente N° 6036-2011 Medina declaró sobreseído el proceso por daños contra Roberto Torres, el ex gerente municipal Misael Delgado y Teodosia Trujillo. El argumento es igual al anterior.
Asimismo en el Expediente N° 3955-2011 sobre el ilícito de peculado doloso en el contexto de la denuncia de la presidenta de la Federación de Mujeres Organizadas de los Comedores Populares, Ysabel Rivas, sobre el desconocimiento del uso dado a un saldo de 235 mil soles para programas sociales, el juzgador aceptó el sobreseimiento del fiscal Eduardo Céspedes, a quien en su momento los regidores de oposición cuestionaron que su hermana Yolanda Céspedes labore en el SATCh.
El magistrado se amparó en una pericia contable para su decisión.
En el Expediente N° 6110-2010, el juez resolvió como fundada la excepción de improcedencia de acción interpuesta por el alcalde de Chiclayo, archivándose definitivamente el caso relacionado a la construcción del edificio multifamiliar Venecia Palace, a cargo de la inmobiliaria «El Marqués».
«No blindé al alcalde»
El fiscal Esdras Sánchez Moreno al ser consultado por las declaraciones de O’Phelan advirtió que al fiscal Juan Carrasco Millones y a este diario les entabló una demanda por 20 millones de soles por una información que -dijo- no es cierta. «Hay una fijación en mí. Quieren jalar agua para su molino», expresó.
El magistrado negó haber «blindado» a Torres. Señaló que ha presentado acusación por obras supuestamente mal ejecutadas. «No soy el fiscal que más archivó investigaciones contra el alcalde», precisó.
Reconoció que en el Expediente N° 2824-2011 no ha sobreseído la investigación por el caso de la pavimentación de la calle Arica. «Aún no me pronuncio, pero si hay lentitud se acusará», dijo y anotó que en el caso de Roberto Torres y Katiuskha Del Castillo pidió sobreseimiento porque no hubo base objetiva en aquella fecha que corrobore que tenían una relación sentimental.
Miranda: «OCI debe investigar de manera rápida y clara»
Es preciso señalar que el juez Wilson Medina dijo a La República que no podía dar una entrevista debido a las audiencias que debía presidir durante todo el día.
A su turno, la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial de Lambayeque, Carmen Miranda Vidaurre, afirmó que OCI debe investigar a Sánchez Moreno, pero de manera clara y rápida para obtener una respuesta oportuna. «Cada fiscal es responsable de sus actuaciones y su trabajo».
La autoridad fiscal afirmó que rechaza cualquier acto de corrupción, pero precisó que debe determinarse el principio de tipicidad en materia sancionadora administrativa. Afirmó que Sánchez tiene varias investigaciones en el órgano de control.
Fiente: Diario La República.