Fortuna hallada a organización criminal edil terminó por delatarlos

Los diez detenidos acusados de cometer los presuntos delitos contra la administración pública -corrupción de funcionarios, peculado, asociación ilícita para delinquir y lavado de activos- en agravio del Estado y Municipalidad Provincial de Chiclayo, permanecerán encerrados en las instalaciones del Departamento Antidrogas (Depandro), cuatro días más.

Esto luego que la jueza del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, Cecilia Costa Gonzales, declarara fundado el pedido de convalidación de siete días de ampliación para la detención preliminar y así continuar con las respectivas diligencias que permitan reunir y asegurar los elementos materiales de la comisión del hecho.

De esa manera se podrá sustentar la solicitud de prisión preventiva o comparecencia restrictiva de los integrantes de la red de corrupción criminal que se habría apropiado de millones de soles y dólares, a través de licitaciones, contrataciones y adquisición de bienes que ejecutaba la Municipalidad Provincial de Chiclayo. Igualmente la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento (Epsel), Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo (Satch), Sociedad de Beneficencia de Chiclayo, entre otros.

El pedido de convalidación fue solicitado por el titular de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa en Chiclayo, Sergio Lucio Zapata Orozco, y el fiscal adjunto provincial, Juan Carrasco Millones.

La magistrada Costa Gonzales, mediante resolución Nº 01 del 30 de septiembre del 2014,  declaró fundado el requerimiento fiscal de detención preliminar al subsistir las razones plausibles en fundadas sospechas que determinadas personas han cometido dichos actos ilícitos. Además para garantizar la presencia de los imputados en las audiencias.

Con los allanamientos, incautación de dinero, bienes muebles e inmuebles, joyas, vehículos, interceptaciones telefónicas, documentos, celulares, homologación de voces, tarjetas, cuentas bancarias y otros, se logró establecer que los procesados sí tienen vínculos con el hecho material en la investigación de los ilícitos atribuidos.

Los abogados de todos los patrocinados presentarán recursos de apelación.

La jueza dio a conocer que la investigación surgió como consecuencia de una denuncia que realizó Carlos Canales Guevara contra Augusto Gonzales Cuadra y por ello el Ministerio Público vio conveniente instaurar las indagaciones preliminares. El denunciante dejó entrever que en el interior de la entidad edil se presentaba una situación como consecuencia de una demanda que había generado que el ciudadano exigiera que se le paguen sus beneficios.

«Por ello es que dialogó con el funcionario Juan Martín Villanueva Velezmoro y éste lo llevó a conversar con Pepe Baca, quien le señaló que le cancelarían sus beneficios. Asimismo se comunicó con el doctor Alfonso Paredes Angeles y el contador de la empresa (Epsel), Augusto Montalvo Cuadra y le confirmaron la existencia de la deuda. Sin embargo, resulta que en la gerencia general, Villanueva Velezmoro le indicó que volviera al día siguiente y que lo llamara. Al pasar de los días lo llamó José Luis Ucañay Huamanchumo, quien le indica que se había comunicado con el contador Montalvo Cuadra, y a efectos de que le cancelaran su deuda debía acceder a abrir una cuenta en el banco para que le cancelen sus beneficios en dos partes, pero este trabajo le iba a costar S/. 7,000. Además el dinero lo entregaría a Huamanchumo», dijo en la lectura y eso fue el punto de partida.

Los funcionarios Javier Valencia Gutiérrez, Percy Quesquén Díaz, Juan Martín Villanueva Velezmoro, Carlos Alberto Mendoza Oliden y Carlos Alfredo Santa Cruz Alarcón, además de los regidores Rolan Alarcón Rojas y Coeli Sarmiento Torres, el SOT1 PNP Joel Ugaz Cubas, así como Natali Torres Alarcón, hija del no habido alcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales; y también la pareja sentimental del burgomaestre, Norma Katiuska Del Castillo Muro, fueron detenidos el 30 de septiembre del presente año. El martes 7 de octubre se decidirá la situación legal de todos los implicados.

Continuando con las investigaciones preliminares, ayer en horas de la mañana, representantes del Ministerio Público intervinieron las oficinas de la ex Mutual de Chiclayo, donde verificaron todos los documentos existentes para recoger mayores evidencias de cómo se llevaba el control de la entidad estatal, cuya autoridad edil es Torres Gonzales. La Beneficencia también fue intervenida.

Además, otro grupo de fiscales y policías, más los integrantes de la Contraloría General de La República y la Procuraduría Pública, intervinieron también la mañana de ayer el Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo (SATCh).

Tras la fiscalización sorpresiva a las oficinas  que se extendió por varias horas y se realizó a puertas cerradas- el representante del Ministerio Público se retiró de la sede sin brindar mayor información.

Se conoció que las oficinas de la Gerencia General y Tesorería fueron inspeccionadas por el fiscal a cargo de la diligencia, revisando los archivos documentarios y computadoras de los funcionarios.

En tanto un grupo de trabajadores que laboran en los alrededores del ente recaudador denunciaron hechos que despertaron sospechas. Según indicaron, al promediar las 8:30 de la mañana de ayer, es decir antes de la intervención de la Fiscalía, unos sujetos retiraron varias cajas del local donde funciona este servicio. Al parecer, contendrían documentación de la institución.

La Gerencia de Infraestructura de esa comuna y la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPSEL), también fueron intervenidas. Según informó el Ministerio Público, estas acciones buscan recabar documentación relacionada a licitaciones, proveedores, compras fraccionadas, entre otros indicios que luego serán comparadas con las bases de datos tributarios que registra la municipalidad.

Daniel Carrillo, titular del Jurado Electoral Especial de Chiclayo, JEECh, indicó que el candidato Torres Gonzales (prófugo de la justicia), aún sigue en carrera y su situación legal continuaría.

«Nosotros no podemos hacer nada, ellos continúan en el proceso, hay otros candidatos que tienen procesos e incluso acusaciones pendientes. El Poder Judicial será quien defina su situación legal», añadió.

En tanto, la Policía intensifica los operativos y allana viviendas en diversos lugares de la región Lambayeque y en zonas fronterizas.

Fuente: Diario La República.