«Si Torres insiste en incumplir fallo, se pediría su prisión»
Carmen Miranda Vidaurre. Presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial de Lambayeque.
“No hay tregua en la lucha contra la corrupción”, sostiene Carmen Miranda Vidaurre, presidenta de la Junta de Fiscales Superiores.
La autoridad subraya dos puntos: el primero, que existe una complicidad entre los directores de la investigación para perseguir el delito en respeto a la Constitución Política, y en segundo término señala que si el alcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales, sigue incumpliendo la sentencia por el caso del mercado Modelo entonces se podría solicitar al Poder Judicial una medida coercitiva (prisión).
Tras la detención de presidentes regionales ligados a presuntos hechos de corrupción, la participación del Ministerio Público es más activa…
Somos (Ministerio Público) los titulares de la acción penal, perseguimos el delito y hay relevancia cuando se trata de autoridades que ocupan altos cargos.
¿En los procesos de investigación resulta importante contar con fiscalías especializadas y con peritos?
En la última reunión del pasado 22 de agosto con el fiscal de la Nación (Carlos Ramos Heredia) se hizo hincapié en la necesidad de contar con fiscalías especializadas contra el crimen organizado, anticorrupción, tal como sucede en La Libertad y Amazonas.
La alta carga procesal registrada en los últimos cincos años con la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) amerita tener más fiscales…
Son 153,436 carpetas fiscales registradas en este período, específicamente al 31 de julio del 2014. Se atendió el 81%, pero no se puede negar que hay déficit de fiscales, personal administrativo y notificadores; sin embargo, sí contamos con la intervención de 15 peritos, entre ingenieros y contadores.
En el 2014, ¿cuál es la carga procesal?
Al 31 de julio de este año se han recibido 19 mil 252 denuncias del ámbito penal. A ello se suman 3 mil denuncias por violencia familiar y otros casos. En este marco hay participación de la Contraloría General de la República, Procuraduría Anticorrupción y procuradurías públicas.
Estadística
De las casi 20 mil denuncias, ¿cuántas son por el delito contra funcionarios públicos?
Se han recepcionado 721 denuncias por ilícitos contra funcionarios públicos. Esta cifra se mantiene en comparación con los datos del 2013, año que se cerró con 871 denuncias.
Las denuncias generan procesos investigativos. ¿Cuántos casos están en curso y concluidos?
En las fiscalías hay 127 procesos y 12 casos terminados por delitos de corrupción activa de funcionarios, cohecho, enriquecimiento ilícito, concusión, peculado, corrupción impropia y otros.
¿Se han obtenido sentencias contra autoridades?, ¿cuáles han sido los principales delitos, según el ránking del Ministerio Público?
El año pasado el Ministerio Público logró 45 condenas contra funcionarios. Y los principales ilícitos son peculado con 40.8% y concusión con 27.6%.
Fuerte y clara
La municipalidad de Chiclayo ha otorgado permiso a empresas de taxi para que operen en la calle Arica. ¿Se cumple con la sentencia del Segundo Juzgado Civil por el caso del mercado Modelo?
El Ministerio Público ha batallado seis años para que se respeten los informes de Defensa Civil. Se ha presentado cinco demandas contra la comuna por incumplimiento al mandato judicial. El Juzgado Civil ha multado tres veces a la comuna. La primera fue con 5 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), luego con 7 UIT y últimamente con 9 UIT, la cual está en apelación en la Sala Civil.
¿Y si no hay respuesta positiva de la autoridad municipal?
Una vez agotado el tema de multas quedaría solicitar la medida coercitiva (prisión) contra el titular del pliego (Roberto Torres Gonzales) y presentar la denuncia penal, pues se está afectando el derecho de todos los ciudadanos.
¿Considera que hay mejoras en la Ciudad de la Amistad?
Es una vergüenza entrar y salir de Chiclayo. Está sucia y desordenada por el caso del transporte. ¿Cuál es la autoridad encargada de solucionar este problema?
Respecto a las críticas por la supuesta lentitud de la Fiscalía en el caso del SATCh, ¿qué responde?
Emplazo a las personas a fundamentar sus cuestionamientos, en razón que sí se actuó en los plazos de ley. La denuncia se recepcionó el 27 de agosto en horas de la tarde, al día siguiente se derivó el caso al fiscal provincial que tuvo que analizarlo y solicitar peritos. Se respeta la Constitución, no la pisoteamos.
Fuente: Diario La República.