Pistas con grietas que le costarían 30 años de cárcel

El juicio más esperado contra el alcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales, continúa dilatándose en el Poder Judicial, generando un concepto de impunidad en la sociedad civil, a pesar del perjuicio económico detectado en 11 obras de pavimentación y a la contundente acusación formulada por el Ministerio Público (30 años de cárcel).

El caso debió ser debatido en audiencia de control de acusación la semana pasada; sin embargo, tuvo que ser reprogramado para el próximo 5 de setiembre debido a que extrañamente uno de los imputados, no había sido notificado de manera correcta.

DENUNCIA. Los hechos denunciados datan de la primera gestión del burgomaestre, en julio del 2011, cuando los escándalos ya eran habituales en la comuna y las denuncias le llovían al líder del movimiento regional ‘Manos Limpias’.

«La gestión municipal ha ejecutado diversas obras de pavimentación pero al poco tiempo de haber sido inauguradas, se ha podido observar un rápido deterioro, roturas, hundimientos, entre otras deficiencias que demuestran la mala calidad de los materiales y negligente dirección técnica», consta en la denuncia que formuló el exregidor Carlos Gonzales García.

OBRAS. Las obras ejecutadas por la comuna en el 2011 y que están comprendidas en la denuncia debido a las deficiencias detectadas son: Construcción de pavimento flexible y veredas en avenida Agustín Vallejos Zavala – urbanización Las Brisas (presentó roturas y hundimientos 2 meses después de ser inaugurada).

Rehabilitación de pavimento flexible en frío en avenida Los tréboles – urbanización San Isidro (a los pocos días de ser inaugurada, el 19 de julio del 2009, presentó fisuras y hundimientos, por lo que debió ser parchada incluso hasta en 2 oportunidades).

Construcción de pavimento flexible en avenida Lora y Lora, cuadra 14 y 15 – Urbanización San Isidro (presenta grandes parches y a la fecha nuevamente registra grietas y hundimientos).

Construcción de pavimento flexible en caliente, berma central y sardinales en avenida Juan Tomis Stack (presentó hundimiento a los pocos días de inaugurada y ha sido refaccionada).

Del mismo modo, en la investigación realizada por la Fiscalía, se halló anomalías similares en las siguientes obras: Recapeo en Caliente y Sellado de Pavimento de calles de la ciudad de Chiclayo; Construcción de Pavimento Flexible en Caliente, Veredas y Sardineles en vía auxiliar de la Av. Fitzcarrald; Construcción de Veredas del sector centro de la ciudad de Chiclayo; Construcción de pavimento rígido de la Av. Francisco Cúneo (cuadras 01, 02 y 03- 1ª etapa; de la Av. Eufemio Lora y Lora (cuadras 03, 04, 05 y 06-1ª etapa), Parchado, Recapeo en Caliente y Sellado de Pavimento de calles de la ciudad de Chiclayo .

IMPUTADOS. El burgomaestre encabeza la lista de acusados junto a trabajadores que lo acompañaron en su primera gestión y otros que aún se mantienen en la función edil, como son: Julio García Torres, ex gerente municipal; Julio Vásquez Pérez, exgerente de Edificaciones; José Eduardo Maco Carrasco, subgerente de Obras y Convenios; Heiner Roosel Rojas Olivos, subgerente de Estudios y Proyectos; Victoria Fuentes Velásquez de Livaque, ingeniera de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos (Falsedad Ideológica).

También figuran como imputados: Orlando Torres Medina, Celso Constantino Fernández Manayalle, Daniel Cubas Cayao, ingenieros residentes de obra; Juan Ramón Baquedano Bances, ingeniero supervisor de obras; Gilberto Antonio Arboleda López, Pedro Manuel Zamora Cabrejos, almaceneros; Manuel Hernán Manosalva Tello, Paulina Medina Guevara, Pedro Pablo Carrera Pasos, proveedores.

También integran la lista de acusados: Segundo Germán Vásquez Merino, exgerente de asesoría jurídica; Teresa Yolanda Benavides Campos, ex subgerente de Logística; Manuela Pejerey Campodónico, integrante del Comité de Contrataciones y Antonio Timoteo Giraldo Cano, exgerente de Administración y Finanzas.

ACUSACIÓN. El fiscal a cargo de la investigación, Esdras Sánchez Moreno, tras verificar in situ los trabajos irregulares, recabó 200 fotografías , además de copias fedatedas de los cuadernos de obra, expedientes técnicos y otros documentos de cada uno de los proyectos de pavimentación ejecutados por la gestión de Torres Gonzales, logrado hallar elementos de convicción para sustentar que «existe un aparato de poder criminal enquistado en la municipalidad, conformado por las más altas autoridades y sus funcionarios de confianza».

El magistrado ordenó que se realice un peritaje contable y al término de este, advirtió que todas las obras fueron ejecutadas bajo la modalidad de administración directa, pero «coludiéndose con los proveedores y manipulado los procedimientos a su antojo, sin respetar las formalidades impuestas por la ley».

Es decir, la «organización delictiva» que presidía Torres Gonzales, realizó adquisiciones de bienes y servicios de manera directa, sin convocar a procesos de contratación.

Lo que es peor «todavía no se ha había iniciado la obra; pero ya se había hecho pagos como si hubiese sido con motivo de la ejecución de la obra», consta en el expediente N° 4930 – 2010.

«Se ha cometido apropiación de dinero, una veces en beneficio propio y otras veces en beneficio de terceros al cancelar por servicios que en realidad no se han brindado como por ejemplo eliminación de desmonte, alquiler de cisterna, etc., así como apropiación de bienes adquiridos como agregados y materiales de construcción», esbozó el fiscal Sánchez Moreno en su requerimiento acusatorio por el delito de peculado.

El magistrado logró advertir que los imputados se ampararon en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008, en la que se estableció que los Gobiernos Regionales y Locales que serían sedes descentralizadas de las reuniones del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC – 2008) quedaban exentos de realizar licitaciones.

No obstante existían requisitos que debieron cumplir, como contar con la opinión favorable de la Secretaria Ejecutiva de Organización de la Comisión Extraordinaria de Alto Nivel Apec 2008.

«Todas las adquisiciones referidas al Foro APEC se han realizado violando flagrantemente la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, pues no calificaban para ser consideradas del Foro Apec», refirió el fiscal.

Fuente: Diario El Correo.