Javier Castro pone bajo la lupa situación de menores infractores: 16 están vinculados al sicariato
Durante su participación en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, el diputado Javier Castro puso énfasis en las alarmantes cifras expuestas por el jefe del Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEI) y planteó la urgente necesidad de revisar la respuesta del Estado frente a los adolescentes involucrados en delitos graves.
Durante su exposición ante la comisión, Vega Marroaquín informó que 2,046 jóvenes se encuentran actualmente en los centros juveniles del país, de los cuales 16 están vinculados a casos de sicariato. Esta cifra llevó a Javier Castro a centrar su intervención en la eficacia de las medidas que está ofreciendo el Estado frente a menores involucrados en delitos de extrema gravedad.
Cifras y realidad del sistema penal juvenil
- Atención y sobrepoblación: En junio, el sector informó que aproximadamente el 63% de la población atendida en estos establecimientos corresponde a mayores de edad, situación frente a la cual el PRONACEI trabaja en medidas de contingencia y modificaciones al Código de Responsabilidad Penal del Adolescente.
- Problemática persistente: Muchos jóvenes permanecen o ingresan a centros con problemas de sobrepoblación, registrando un 27.70% de hacinamiento en penales como los de Trujillo y Pucallpa.
- Reincidencia: Según la información presentada, el 84.4% de quienes egresan de los centros juveniles terminan posteriormente en establecimientos penitenciarios tras reincidir en conductas delictivas.
Realidad en Lambayeque La situación adquiere particular importancia para Lambayeque. Dentro de la red nacional funciona el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación «José Quiñones Gonzales» de Chiclayo, establecimiento cuya situación ha sido materia de coordinaciones entre el PRONACEI y las autoridades judiciales de la región para evitar que el menor termine posteriormente incorporándose a la delincuencia adulta.
El diputado Castro enfatizó la necesidad de abrir una discusión de fondo sobre qué respuesta debe ofrecer el Estado cuando los adolescentes son captados por bandas criminales para cometer delitos graves y qué tan efectivo está siendo el sistema para lograr su rehabilitación y reincorporación social.
