Interponen 21 tachas contra diversas listas y candidatos

Seis nuevos aspirantes son observados por el JEECh por presuntas omisiones en sus hojas de vida o vulnerar los procesos de democracia interna de las agrupaciones. Órgano electoral determinará si procede exclusión en los próximos tres días.

Final. La etapa para presentar solicitudes de tacha finalizó y el Jurado Electoral Especial de Chiclayo (JEECh) ya cuenta con los 21 pedidos de exclusión contra listas provinciales y distritales que llegaron hasta el último martes a su despacho.

A partir de ahora, el órgano electoral deberá determinar cuántas listas pasarán este último tramo del proceso electoral antes de poder participar en las próximas elecciones municipales.

Según el portal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), siete partidos enfrentan un proceso de exclusión por distintos motivos. Entre los más comunes, destacan presuntas omisiones en la declaración jurada de los candidatos y reglas de democracia interna en los partidos.

HOJA DE VIDA. En su último reporte, el JEECh recibió tres nuevas solicitudes de tacha contra listas (una provincial y dos distritales) y seis tachas contra candidatos. De este último grupo, tres pedidos fueron presentados porque los candidatos habrían omitido información en su hoja de vida tal como detallan los expedientes emitidos por el JEECh.

El primero de ellos es el aspirante a la alcaldía del distrito de Illimo por el partido Alianza para el Progreso. El también gerente regional de Desarrollo Productivo no habría reportado en su declaración jurada una “deuda pendiente de pago con la Municipalidad Distrital de Íllimo” proveniente del último período que ejerció como autoridad edil en ese distrito (2011-2015).

“La prueba determinante son los múltiples informes presentados por los responsables de diferentes áreas de la municipalidad, donde claramente informan pagos y deudas del candidato (…)”, expresa el documento.

Líneas más abajo, incluye las recomendaciones que emitió en 2013 la Contraloría General de la República para la devolución de S/ 59 190 (en cuotas mensuales de S/300) parte del exalcalde Juan Pablo Santamaría, a partir de mayo de 2014.

En el expediente también aparecen siete recibos a nombre de Santamaría Baldera -por un monto de S/300 cada uno- que corresponderían a pagos atrasados desde diciembre de 2017 hasta junio de 2018.

“El reconocimiento de la deuda de parte del candidato son los baucher de pago posteriores a la fecha de suscripción de la declaración (jurada presentada al JNE)”, concluye el solicitante de la tacha.

Correo intentó comunicarse con el gerente de Desarrollo Productivo pero hasta el cierre de la nota, no se obtuvo una respuesta.

Otros casos de presunta declaración falsa en la hoja de vida involucran a los candidatos Julio Lazo Pomares y Bertha Irigoin Quintana.

Esta última, que postula a la Municipalidad de José Leonardo Ortiz por el partido Alianza Para el Progreso, habría faltado a la verdad al consignar que no tiene ninguna sentencia condenatoria firme.

Sin embargo, el pedido de tacha en su contra refiere que existe una “sentencia condenatoria firme por el delito de receptación agravada en agravio de Pablo de La Cruz Barrios” por la que se le habría impuesto tres años de pena privativa de la libertad suspendida.

Como pruebas, el expediente cita “las resoluciones que declaran consentida la sentencia en el expediente N° 3637-98-8 del entonces Octavo Juzgado Penal de Chiclayo”. Asimismo, la solicitante de la tacha menciona la ley N° 20859 que prohibe que las personas condenadas a pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión de delito doloso, postulen como candidatos a las elecciones municipales.

Por último, Lazo Pomares, quien aspira a convertirse en alcalde de Pomalca por el APRA, tampoco habría declarado “una deuda pendiente con la Municipalidad de Chiclayo por papeletas de infracción ante el SATCH” (ahora Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo).

OTROS. En el total de pedidos de tacha, también aparecen los candidatos José Bustamante Cieza y Antonío Ventura Lizana de los partidos Somos Perú y Alianza para el Progreso, respectivamente. En el caso de Bustamante Cieza, aspirante a alcalde de Patapo, el pedido de exclusión asegura que su renuncia al partido Alianza para el Progreso se realizó “fuera del plazo de la ley”.

Según la Resolución N° 082-2018-JNE -indica el solicitante- uno de los requisitos para participar como candidato en las elecciones municipales es “renunciar un año antes del cierre de inscripción de candidaturas a la afilización de una organización política (…); además el plazo para presentar la copia de renuncia es hasta el 9 de febrero de 2018”.

Por su parte, el candidato a la alcaldía de Cañaris enfrenta una tacha por solicitar una licencia con goce de haber -por 30 días ante la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Ferreñafe- por incapacidad temporal de trabajo.

Empero el candidato -que “se desempeña como docente de la institución educativa N° 10076 de la localidad de Cangrejera”, en el referido distrito, realizaría “actividades proselitistas (…) donde exhibe una excelente salud y haciendo proselitismo político”.

Cabe mencionar también la tacha contra la lista a la alcaldía provincial de Chiclayo del partido Todos Por el Perú que lidera el candidato Jorge Aspillaga Muñoz. En este pedido, el solicitante asegura que dicha organización política incumplió con las normas de democracia interna.

Al respecto, el expediente N° 23274-2018 señala que el partido no cumplió con realizar el depósito correspondiente a la inscripción de precandidatos en las elecciones internas.

Asimismo refiere que el informe final de las elecciones internas revela “múltiples discrepancias entra la lista que el partido presentó al JEECh para su incripción y la que consta en el acta de instalación de dicho proceso electoral interno de fecha 23 de mayo de 2018”.

Por casos similares de democracia interna, también se presentaron tachas contra el candidato Ivan Reque Ñiquen y las listas de candidatos de los partidos Podemos por el Progreso del Perú y Alianza por el Progreso.

CORROBORAR. La secretaría del JEECh, Dialethy Zapata Ventura afirmó que la oficina de fiscalización será la encargada de verificar las posibles omisiones en las hojas de vida. Este proceso consistirá en el cruce de datos sobre los candidatos con otras entidades públicas como el Poder Judicial y la Superintedencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).

En todos los casos, agregó la representante del órgano electoral, solo los personeros legales de cada partido serán quienes respondan ante el JEECh sobre los argumentos que motivaron el pedido de tacha.

“El Jurado tiene tres días calendario para poder resolver la tacha. Después de eso, determinamos cuáles son las listas definitivas para su inscripción y se envía a la ODPE (Oficina Descentralizada de Procesos Electorales) Chiclayo”, explicó.

 

Fuente: Diario Correo